“Con Redmin seremos el networking de los profesionales del Derecho Minero en Latinoamérica”

Una nueva ventana se abrió no solo en Colombia, sino en la región, para debatir sobre los principales temas legales en el sector minero regional. Se trata de la Red Latinoamericana de Derecho Minero (Redmin), una entidad que ya reúne a más de 100 afiliados entre abogados y académicos de al menos 10 países y que dirigirá el abogado colombiano, egresado de la Universidad Externado, Milton Fernando Montoya.

¿Cómo surge la creación de esta red?

La Red Latinoamericana de Derecho Minero (Redmin) es una iniciativa de sinergia única en su tipo en América Latina y nace como el esfuerzo colectivo de abogados y académicos dedicados al ejercicio de la profesión en el sector minero, bien sea en la industria, en las autoridades o en las universidades. Así mismo, surge de la intención de contar con una comunidad profesional organizada que pueda intercambiar visiones sobre el sector minero en sus países y discutir las principales problemáticas, retos y desafíos del sector minero.

¿Cuál es el objetivo de tener una red latinoamericana?

El principal objetivo de la red es impulsar espacios para la discusión jurídica y técnica en América Latina sobre los principales temas asociados a la industria minera en la región y en los países integrantes de Redmin, entre los que se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, México, Costa Rica y España.

Además, nuestro propósito es identificar problemáticas comunes del sector en el ámbito regional, formular alternativas jurídicas materializables, fomentar, de la mano de las universidades amigas de la red, la investigación jurídica en la industria extractiva y estrechar los lazos de cooperación entre el sector y los gremios, para generar insumos que respondan a las necesidades particulares de la industria.

¿Podrán hacer un frente para hacer asesoría jurídica o es solo como un espacio académico?

En el marco de la libertad en el ejercicio profesional, sí es posible integrar equipos de asesoría jurídica minera regional, mientras sea requerido por el interesado. Además, Redmin tiene una vocación de reflexión jurídica, discusión académica y, naturalmente, de networking entre los profesionales del derecho minero de América Latina.

¿Cuál es la proyección en afiliados?

Con poco tiempo de creación, hemos superado la cifra de 100 afiliados, provenientes de países como Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Venezuela, España y Colombia. Seguimos recibiendo y tramitando solicitudes de ingreso, la meta, en esta presidencia, es superar los 200 afiliados. El número de inscritos a la fecha evidencia la acogida, oportunidad e importancia de esta iniciativa.

Hay muchos conflictos legales en cuanto a otorgamiento de licencias y explotación de zonas ¿ese es uno de los principales desafíos que tiene el Derecho Minero en el país?

No solo ocurre en Colombia. Es un desafío regional, pero no es el único. El derecho minero es una disciplina jurídica que no puede entenderse ni interpretarse de manera aislada. Debe estudiarse en armonía, por ejemplo, desde la legislación ambiental, la regulación social, con el derecho a la consulta previa, con la regulación en materia de seguridad minera, con el régimen económico, tributario, pero también con principios asociados a la sostenibilidad e innovación en el sector.

Muchas veces entender esa complejidad legal no es fácil y por ello, con facilidad, se generan críticas o rechazos a la actividad. Redmin tiene esa responsabilidad y desafío, que acompañada de la academia, se esforzará para facilitar la comprensión del derecho minero y sus disciplinas transversales mediante un diálogo técnico y respetuoso de la pluralidad de opiniones.

¿Cómo está el mercado colombiano minero, en términos de seguridad jurídica, frente al resto de la región?

Depende del ámbito sobre el cual hablemos. Por ejemplo, en materia de participación de comunidades en las decisiones del sector y la coordinación entre el nivel central y territorial, la seguridad jurídica del sector minero en Colombia mejoró a partir de la sentencia SU-095 de 2018 y estamos a la espera de aportar a la construcción de la futura Ley de Coordinación y Concurrencia.

Ahora bien, hay otros escenarios que no dejan de preocupar en materia de seguridad jurídica, por ejemplo, los procesos de licenciamiento ambiental de los proyectos mineros, no solo de los de gran minería; decisiones discutibles en lo jurídico de algunas Corporaciones Autónomas Regionales o restricciones injustificadas a la actividad derivadas de decisiones de autoridades territoriales a través de instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial o, directamente, mediante Acuerdos Municipales.

A nivel regional, países como Ecuador y Perú también han encontrado dificultades en el ámbito de la participación ciudadana, las consultas populares, las consultas previas e, incluso, decisiones retroactivas de autoridades sobre proyectos ya autorizados.

Como se puede evidenciar, hay mucho que aprender de las experiencias de los países vecinos y, allí radica la importancia de aportar al fortalecimiento de esa seguridad jurídica en el sector minero. Este también es un propósito de Redmin.