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Judicial

Superindustria impuso multa a ETB y Claro por vulnerar los derechos que asisten a sus usuarios

La multa definida para Claro es de $197 millones y la de ETB asciende a $124 millones, por incumplir órdenes impartidas por la entidad

21 de septiembre de 2020

Laura Vita Mesa

lvita@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa a Claro de $197 millones, y a ETB por $124 millones, tras encontrar que las empresas no habían cumplido con las órdenes impartidas por la misma entidad al resolver las segunda instancia de las reclamaciones iniciadas por los usuarios que se resolvieron a favor de estos.

En el caso de Claro, se encontró que incumplieron las órdenes dictadas en las resoluciones no. 47242 de agosto de 2017, no. 86214 de diciembre de 2017 y no. 79153 de octubre de 2018, que resolvieron recursos de apelación de los usuarios en reclamaciones relacionadas con fallas en la prestación de los servicios de voz y datos; falta al deber de comparar los pagos registrados por los usuarios con los que se encuentran en mora; y omisión en la expedición de paz y salvos.

Tras conocerse la decisión, la compañía emitió un comunicado diciendo que "Claro es una compañía respetuosa de las autoridades y las leyes colombianas, y acata sus compromisos. La comunicación emitida por la autoridad se refiere a reclamaciones de tres usuarios de 2017, donde la compañía cumplió a cabalidad lo estipulado por la Superintendencia, razón por la cual la empresa presentará los recursos de reposición y apelación para demostrar el cumplimiento de lo exigido por la autoridad".

Para ETB, en cambio, la SIC encontró que incumplieron las órdenes impartidas en las resoluciones no. 12951 de febrero y no. 28991 de abril de 2018, en las que se resolvían a favor de los usuarios recursos de apelación ordenando continuar con la ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados; y cancelar el servicio empaquetado.

De acuerdo con la entidad, "las multas impuestas en ambos casos tuvieron como fundamento la vulneración del derecho reconocido a los usuarios mediante las resoluciones objeto de incumplimiento, así como el desconocimiento de la autoridad de la cual está investida esta Entidad".

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