Sidley, Dechert y H&A defenderán al país en arbitrajes internacionales

El próximo jueves, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentará oficialmente la nueva dirección que se encargará de la defensa internacional. Por eso, AL estuvo hablando con Luis Guillermo Vélez, el director de la entidad, quien señaló los detalles de la nueva dirección, sus retos y sus alcances.

¿Qué pasará una vez se lance la nueva dirección de defensa jurídica internacional de Colombia?
El jueves vendrán panelistas que han trabajado en estos campos en Argentina y México. Es importante porque el país es bastante nuevo en este tipo de litigios, pero en cambio estas dos naciones, que son en cierta forma similares a Colombia, han pasado la curva de aprendizaje y lo que nos hace falta es mirar experiencias parecidas para aprender de su proceso, y así evitar errores comunes.

¿Cuáles son los detalles de la nueva dirección?
La nueva dirección tiene 30 abogados expertos en derecho público internacional. Su objetivo es la defensa jurídica de la Nación frente a los arbitramentos de inversión y la defensa jurídica de Colombia frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, para los casos internacionales de arbitramento de inversión contratamos tres firmas reputadas internacionalmente: Sidley Austin, Dechert y H&A LatAm, muy reconocidas en este tipo de litigios. Quien está al frente de la dirección es Ana María Ordóñez, que ha trabajado en la Superintendencia de Sociedades.

¿Cuáles son los costos de esta dirección y sus presupuestos?
Adelantar un proceso de estos es cuantioso, y puede costar entre US$3 millones y US$5 millones, solamente llevarlo. Requiere un presupuesto grande. Para la nueva dirección tenemos presupuesto suficiente, pienso yo, de cerca de $20.000 millones para este año, y en 2018 será una suma parecida.

¿Por qué fue necesaria la creación de la dirección?
Cuando se demanda al Estado no es solo por un acto del gobierno: puede ser por cualquier agente, como un ente de control, o una corte, o una entidad territorial, por ejemplo. Cualquier acto de un agente le presenta al Estado responsabilidad, y no estábamos organizados para esos casos.

¿En qué van los seis procesos de ese tipo que tiene el Estado?
Teniendo en cuenta que un tribunal de estos puede durar hasta tres años, el más avanzado es el de Glencore International, que será de los primeros en resolverse. Le sigue Eco Oro, y después el de Gas Natural Fenosa y América Móvil. Telefónica y Tobie Mining están más retrasados. Casi siempre se llega a un acuerdo.

¿De qué depende el éxito o el fracaso de estos procesos?
Ninguna agencia puede garantizar el éxito en este tipo de procesos. Lo que sí se puede garantizar es la mejor defensa posible, y eso es lo que hacemos, es lo que tenemos como Nación.

¿Cómo se manejaban estos conflictos antes de la dirección?
Se manejaban fragmentadamente: una parte en la Cancillería y otra parte en el Ministerio de Comercio. No estábamos acomodados a este tipo de retos, y lo lógico es trasladarse a una entidad cuya misión principal sea la defensa jurídica del Estado 100% del tiempo, trabajando con las entidades involucradas.