Simplificación de los procesos, entre los retos legales del nuevo POT para el próximo año

Uno de los temas de interés para Bogotá este año será la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que presentará la Alcaldía de Bogotá, el cual no ha sido renovado desde 2004. Alejandro Turbay, socio de Posse Herrera Ruiz, afirmó que para entender la legalidad de los POT es preciso hacer un recuento histórico de su regulación.

“A partir de la Constitución de 1991 empezamos a tener un entendimiento distinto del POT. La llegada de la Ley 388 de 1997 expidió el marco jurídico de los planes. Además, los preceptos más importantes están compilados en el Decreto 1077 de 2015”, afirmó.

Los Retos normativos del POT

Turbay afirmó que las cifras indican que Bogotá tendrá un crecimiento importante durante los próximos años y el plan que presente la Alcaldía debe estar encaminado a ofrecer términos legales que sean eficientes para lograr la expansión en la capital. “Algo positivo que hemos analizado es que hay un énfasis en la simplificación de trámites de renovación urbana. El POT quiere simplificar procesos que ya están implícitos en las normas”.

El abogado afirmó que, por ejemplo, un centro comercial necesita de planes de implantación antes de obtener las licencias. Estos planes, no obstante, son sumamente engorrosos y una de las funciones del nuevo plan es obviar pasos innecesarios y simplificar los procesos de consolidación de proyectos.

Además, legalmente se debe buscar, según Turbay, que la autorización de los instrumentos, como los planes parciales, puedan ser autorizados por curadores urbanos. “Creemos que las oficinas de planeación tienen demasiado trabajo y las funciones de aprobación se pueden agilizar”, agregó.

Con relación a la implementación del metro, uno de los puntos fundamentales del POT, el abogado afirmó que “primordialmente, se entiende como una gran obra de infraestructura y por ser entendida de esta manera está regido por los principios en materia de contratación pública.

Lo que hemos resaltado es que además de ser un proyecto de infraestructura, es un proyecto urbano que tiene un gran impacto en las ciudades. Turbay afirmó que el reto principal en ese sentido es aplicar el marco normativo actual, con ayuda de reglamentación adicional para articular la infraestructura pública del metro y el sector privado en medio de la reactivación.

María Camila Parra, asociada senior de la práctica de inmobiliario de Gómez-Pinzón Abogados, dijo que el cuidado medioambiental es otro de los puntos importantes del POT. “Se está tratando de encuadrar una ciudad con más espacios verdes en virtud del encierro causado por la pandemia”. La abogada dijo que se buscará proteger la estructura ecológica de Bogotá.

Adicionalmente, este nuevo plan, que tendrá una duración estimada de 12 años, buscará que se estructuren nuevas políticas públicas regionales que unifiquen la capital con municipios aledaños.

Otro de los cambios explicados por la abogada es que Bogotá y los municipios aledaños serán regidos por nuevas políticas regionales. “Se debe dar continuidad para unir los municipios y la ciudad, ya que están relacionados en temas como la movilidad”, señaló.