Sociedad Portuaria de Buenaventura respondió por presuntos escándalos de corrupción

En una carta dirigida a la dirección del diario El País de Cali, la Junta de la Sociedad Portuaria de Buenaventura afirma que no han pretendido “esconder los balances financieros de la compañía. Estos documentos son públicos, tienen un debido acompañamiento profesional de auditaje y verificación, son presentados semestralmente en una asamblea a nuestros 300 accionistas, y fueron aprobados en la sesión ordinaria de la asamblea el pasado 6 de septiembre”.

Agrega que no usaron “artimañas”, como dicen los denunciantes, para presentar ganancias en el 2018. “Lo realizado fue una corrección de la fórmula de cálculo establecida en el contrato para calcular el monto de contraprestación, hecho que resultó favorable para las finanzas de la compañía y cuyo sustento contractual y legal es totalmente transparente”.

Frente a las críticas surgidas por la compra de las acciones de la empresa Tecsa, indican que no trajo consecuencias negativas para la Sprbun y que al anexarla con la Sociedad Portuaria trajo importantes beneficios.

“Simplificó la operación unificándola en cabeza de la Sociedad Portuaria, como ocurre en los principales puertos del mundo y en Colombia; permitió reducir el personal y realizar otros ahorros importantes al fusionar las dos compañías en aspectos tributarios, administrativos y operativos”.

Del precio de las acciones, que según los denunciantes se infló para favorecer a un miembro de la junta que también vendía, señalan que fue “el precio más bajo de un rango de precios que estimó” una firma especializada en banca de inversión, que hizo el avalúo de las acciones de Tecsa.

Venta de Puerto Calderas

Operadores y accionistas minoritarios también advirtieron presuntos hechos de corrupción en la venta de las acciones que tenía la Sociedad Portuaria en Puerto Caldera, Costa Rica.

Sobre esa negociación, la Junta sostiene que se hizo “porque la Sprbun quería concentrarse en el desarrollo de su negocio. En este sentido, la operación fue aprobada por el órgano competente, es decir, la Junta Directiva”.

Explica que la venta de Puerto Caldera produjo una utilidad de US$40 millones, “lo que permitió compartir con todos los accionistas amplísimos dividendos en rigurosa proporción a su inversión en acciones del Puerto”. Añade que el dividendo promedio PC de los últimos años es de US$2,2 millones y no de US$10 millones como indicó un accionista.

Respecto a las denuncias sobre el presunto interés indebido de un miembro de la Junta, quien representa una filial de la empresa chilena que compró las acciones en Costa Rica, la Junta de la Sprbun no se pronunció.

El informe hizo referencia también a las medidas cautelares dictadas por la Superintendencia para evitar que la Sprbun realice actividades de operación portuaria. Al respecto, la junta explica que su negocio principal “son los contenedores, que representa el 80% de sus ingresos, y que el interés de la empresa en granel es marginal, casi inexistente” y que la empresa que tiene la posición dominante de la operación de granel es OPP y las otras empresas del grupo que absorbieron el mercado (Ventura, Inatlantic, Grupo Portuario, entre otras).

Señala a renglón seguido que la Sprbun “está legalmente capacitada” para ser operador portuario como los demás puertos del país, pero “OPP Graneles se opuso a ello pensando que limitaría su campo de acción, acusando irresponsablemente a la ANI de proceder de manera impropia, lo que no tiene fundamento”.

“No podemos perder de vista que la opinión y las acciones iniciadas por el Sr. Álvaro Rodríguez (Presidente de Ventura Group), lejos de ser imparciales, están movidas por sus intereses personales, como lo es preservar su negocio”, reza el documento.

Conflicto de intereses

Sobre las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por supuesto conflicto de intereses contra Manuel Parody y Victor Julio Gonzalez, aseguran que “esa decisión se apeló, y la Superintendencia no resolvió la apelación dentro del plazo establecido por la ley, lo que dejó sin piso la decisión inicial. Posteriormente emitió extemporáneamente una Resolución ratificando esa decisión, la cual se encuentra obviamente demandada y aún no se ha resuelto”.

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Por último, niegan la inviabilidad financiera en la Sprbun. “El sector portuario en general atraviesa por un contexto lleno de enormes desafíos, que están demandando todos nuestros esfuerzos, “pero la situación más complicada es producida por el Gobierno, que ha incumplido su obligación de mantener el canal de Acceso dragado a más de 15 pies”.

Además, “la concesión concedida a dos puertos adicionales en la bahía, en condiciones de exagerada e inexplicable ventaja (la contraprestación que pagan es una mínima fracción de la que paga la Sprbun), ha causado un exceso de oferta de capacidad, que se ha traducido en una guerra de precios, con una caída muy significativa de las tarifas y de la carga de la Sprbun”.