Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a cartel de mercado de licores en Antioquia

La Superintendencia de Industria y Comercio, liderada por Andrés Barreto, en el marco de su rendición de cuentas, sancionó a tres empresas y cinco personas naturales relacionadas con la venta de licores por más de $17.000 millones pues, según argumentó la entidad, estos habrían vulnerado el régimen de libre competencia.

Las compañías Alianza Mayorista S.A.S. (Alima), Dispresco S.A.S. (Dispresco) e Internacional de Abastos y Licores S.A.S. (Interlicores), recibieron fuertes sanciones económicas luego de que la Superindustria determinara que estas se "cartelizaran" e implementaran un sistema que restringe la libre competencia en el mercado de distribución de licores que son producidos por la Fabrica de Licores de Antioquia.

De acuerdo con los reportes de la Superindustria, se logró comprobar la existencia de un acuerdo ilegal entre las tres empresas de licores, pues estas habrían conformado una Unión Temporal por medio de la cual ejecutaron de manera continuada una serie de acuerdos y estrategias contrarias a la libre competencia desde 2010.

"La función principal de la Unión Temporal fue la de realizar el monitoreo y seguimiento de los acuerdos restrictivos; para este propósito fueron creados los dos principales órganos de administración de la Unión Temporal que son el gerente y la junta directiva", se puede leer en el reporte.

Así mismo, la entidad determinó que los acuerdos anticompetitivos iniciaron mediante la fijación indirecta de precios a través de descuentos ofrecidos a los clientes, una estrategia que funcionó a través de la unificación de las escalas de descuentos acordada por las empresas cartelizadas.

Sumado a las sanciones económicas, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó la cancelación inmediata del contrato de Unión Temporal entre las empresas sancionadas, así como todas las actividades que derivan del mismo. Igualmente, la entidad pidió a la Fabrica de Licores de Antioquia implementar, dentro de su organización, programas de cumplimiento que prevengan este tipo de situaciones.

De igual manera, cinco personas naturales (Hernán Gil Barrientos, Leonardo de Jesús Ramírez, Andrés Nicolás Londoño, Nelson Arturo Giraldo y David Esteban Giraldo) fueron vinculadas por la autoridad y recibieron sanciones por más de $3.000 millones, argumentando que ejecutaron acciones que facilitaran o autorizaran la conducta anticompetitiva.