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Judicial

Supertransporte abrió investigaciones contra Expreso Bolivariano y 21 empresas más

En caso de que se determine que las compañías son culpables, las sanciones podrían ascender hasta 700 salarios mínimos mensuales

03 de mayo de 2022

Nicolás Escobar Escobar

nescobar@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

Tras verificar 1.512 taquillas utilizadas para la venta de tiquetes de 277 empresas que prestan servicios de transporte en 49 terminales del país, la Superintendencia de Transporte encontró mérito para abrir investigaciones administrativas sancionatorias y formular pliego de cargos en contra de 22 compañías de transporte terrestre de pasajeros por carretera.

Entre las empresas investigadas se encuentran Cooperativa de Transportadores la Andina, Cooperativa de Transporte Tax la Feria, Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega, Cooperativa de Motoristas De Florencia y Cooperativa de Transportes del Cesar y la Guajira.

Además, figuran Flota Magdalena, Cooperativa Integral De Transportadores De Curumaní, Cooperativa de Transportadores del Caquetá y Huila, Transportes Cotracosta, El Rápido Duitama, Expreso Bolivariano, Transportes la Esperanza, Transportes Santander, Transportes Tisquesusa y Cooperativa Central de Transportadores de Riosucio.

Finalmente, están también Autoboy, Cooperativa de Transportadores Cotrans, Cooperativa Especializada de Transportadores Simón Bolívar Limitada, Transportes Rápido Tolima, Flota Sugamuxi, Transportes Arizona y Transportes Reina.

La entidad recordó que, para la venta de tiquetes, las empresas de transporte deben poner el precio de los tiquetes visible, su valor debe estar expresado en pesos colombianos, se debe anunciar el monto total del servicio y el mismo valor de la información debe ser el que se le cobre al usuario.

Estas investigaciones van encaminadas a determinar si estas 22 empresas presuntamente violaron el derecho que tienen los usuarios a recibir información pública y adecuada. En caso de ser encontradas responsables, las multas a las que se exponen ascienden hasta 700 salarios mínimos mensuales vigentes. Contra la medida no procede ningún recursos.

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