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Judicial

Tres alcaldes capturados en ofensiva contra corrupción y criminalidad en Nariño

15 personas que harían parte de la ‘Estructura 29’ fueron capturadas, al igual que 10 presuntos integrantes de la ‘Oliver Sinisterra’

25 de septiembre de 2019

Colprensa


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Con 113 operaciones y 126 allanamientos, en los que fueron capturadas 206 personas, el Gobierno Nacional y la Fiscalía dieron cuenta de sus operaciones contra la criminalidad en Nariño.

Las operaciones, que están enmarcadas en el Plan ‘Escudo II’, dejaron, además de las capturas, la erradicación de 1.646 hectáreas de coca, la intervención de 34 laboratorios para el procesamiento de cocaína y la ocupación de 20 bienes, avaluados en $ 8.090 millones, entre estaciones de servicio, vehículos, barcos tipo tanquero, inmuebles y una aeronave que estarían al servicio de dos redes distintas dedicadas a la desviación de combustibles y al narcotráfico.

La Fiscalía junto con la Policía y el Ejército dan cuenta que en 15 días se realizaron las operaciones que dejaron beneficio a 32 de los 64 municipios del departamento.

Golpe a grupos residuales

Según informaron las autoridades, 15 personas que harían parte de la ‘Estructura 29’ fueron capturadas, al igual que 10 presuntos integrantes de la ‘Oliver Sinisterra’, entre ellas un supuesto cabecilla urbano conocido como ‘Mincho’.

Del mismo modo, dejó la captura de 9 personas y la neutralización de alias ‘Pantera’ quienes pertenecerían a las ‘Guerrillas Unidas de Pacífico’. Sumado a esto contabilizaron la captura de cuatro personas que, presuntamente, hacían parte de ‘Los Contadores’.

Por otro lado, las investigaciones también permitieron esclarecer el homicidio de la personera municipal de Samaniego (Nariño), Paula Andrea Rosero Ordoñez, ocurrido el pasado 20 de mayo.

La Fiscalía pudo determinar que Kevin Javier Mendoza Centeno, era el presunto autor material el crimen, por lo que fue capturado en Cali (Valle del Cauca) y judicializado por el delito de homicidio agravado.

Igualmente, fue detenido Lisandro Meza Daza, alias ‘El Ratón’, quien habría participado en el atentado contra José Astul Obregón Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en Taminango (Nariño), ocurrido el 22 de abril.

Meza Daza fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia armas de fuego agravado.

La lucha contra la corrupción

Según las autoridades, ‘Escudo II’ tuvo un componente de lucha contra la corrupción.

Los alcaldes de La Tola (Nariño), Federman Riascos Lerma; El Charco (Nariño), Milton Cuero Tejada, y Mosquera (Nariño), Johan Vásquez Moreno, fueron capturados junto al consejero de paz de La Tola, Cristóbal Ortiz Barahona, el contratista Eduardo Ghysais Vitola, y otros cuatro presuntos articuladores.

A juicio de la Fiscalía, los cinco particulares habrían entregado dádivas para gestionar irregularmente contratos ante diferentes entidades del Estado y alcaldías municipales con el objeto de realizar aparentes proyectos productivos del posconflicto y de atención a las poblaciones vulnerables.

A los alcaldes, el consejero de paz y los demás detenidos la Fiscalía les formuló cargos por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Afectación a la minería

Finalmente, en la vereda El Cerro, en Magüí Payán (Nariño) fueron destruidas 11 excavadoras, 7 motores fuera de borda, 3 clasificadoras, 2 plantas eléctricas, entre otro tipo de maquinaria pesada con la que devastaron 35 hectáreas de bosque nativo para extraer ilícitamente oro.

En el lugar, las autoridades constataron el daño ambiental ocasionado por el vertimiento de mercurio y otros elementos tóxicos al río Magüí, principal fuente de abastecimiento de agua a las poblaciones ribereñas.

Dato

En ‘Escudo II’ participaron 1.342 efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares, cerca de 2.900 unidades de las diferentes especialidades de la Policía, 17 fiscales (11 especializados y 6 de la Seccional Nariño), 35 investigadores y 12 peritos del CTI, y contó con el apoyo de 7 jueces de control de garantías, 5 de ellos se desplazaron desde La Guajira, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Sucre.

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