Usted puede estar siendo suplantado y estafado y no saberlo
Mientras Juan tramitaba un crédito se enteró de que alguien en su nombre había adquirido un servicio de internet móvil con una empresa de telecomunicaciones de Medellín, por lo cual estaba reportado a una central de riesgo, con una deuda de $400.000, hace siete meses.
La fraudulenta adquisición se presentó el 11 de diciembre de 2013. Los datos de dirección, teléfonos de contacto y referencias eran falsos, no así el número de cédula ni su fecha de expedición. De alguna manera el suplantador tuvo acceso a los datos del documento sin que éste hubiera sido extraviado. Alguien, con una fotocopia, concretó el delito.
Hoy el caso está en la Fiscalía, pero su trabajo no es muy esperado, por la baja cuantía de la estafa y porque el proceso, seguramente, tardará años. La empresa proveedora del servicio, a pesar de los argumentos de Juan, ratificó la responsabilidad de él con el pago, al igual que con los tres años de contrato a los que, sin vergüenza, se obligó el suplantador.
La última palabra en ese trámite administrativo la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a donde, según el superintendente delegado para la Protección de Datos Personales, José Alejandro Bermúdez Durama, cada día, al menos, llegan dos casos similares. Eso convierte el de Juan en uno más en las estadísticas de personas quienes, sin saberlo, tiene a su nombre varias líneas celulares, o han adquirido otro tipo de obligaciones que no imaginaban tener.
Lo más preocupante es el incremento de este tipo de delitos. En 2009 se contaron 650 denuncias como estas; en lo que va de 2014 ya van 4.000, solo en la SIC. La cifra es mayor si se tienen en cuenta los casos ante la Superintendencia Financiera y los que en tutela llegan a los jueces de la República.
Tanto ha crecido el fenómeno ilícito que del total de casos que llegan a la SIC, las denuncias por suplantación ocupan el 13%y la mayoría están relacionados con la telefonía celular, “pero prefiero no presentar nombres de empresas pues muchas obraron de buena fe y fueron asaltadas por personas sin escrúpulos”, se apresura a aclarar el superintendente Bermúdez.
Entre las razones que explican por qué ese sector es protagonista en casos de fraude y suplantación, según el funcionario, están la penetración que tiene en el mercado, los bajos costos y el acceso fácil y masificado.
“A las compañías móviles, como a todos los sectores donde se presenten suplantaciones, les hacemos un llamado para que refuercen los controles, pues además de los ciudadanos suplantados, quienes resultan siendo los más afectados, también pierden las empresas que probablemente actuaron de buena fe”, dice Bermúdez.
Todo esto ha llevado a la SIC a concentrar esfuerzos para intentar frenar el avance de este delito. “Las normas de protección de datos alrededor del mundo lo que buscan es proteger y gestionar la información personal, que es un gran activo para las compañías”, señala el funcionario. El dilema al que se enfrentan las normas es saber si las compañías son lo suficientemente diligentes para recoger y administrar la información y determinar quién tiene acceso a la misma.
Por eso el superintendente señala que cada organización tiene que ir más allá del deber legal, en el sentido de tener políticas adecuadas, programas de educación y mecanismos ágiles en favor de los ciudadanos suplantados. “Muchas veces las compañías son víctimas de un montaje por parte de un tercero, quien se aprovecha de determinadas circunstancias y suplanta personas”.
Lo cierto es que cada organización es responsable de los datos que recauda durante “todo el ciclo de vida del dato”, es decir, desde que se recauda hasta que se elimina y cualquier uso que le sea dada a dicha información debe contar con el consentimiento de los titulares.
Ante las dudas acerca de la información recaudada de manera informal en centros comerciales o los que podrían quedarse en papelerías donde sacan fotocopias de documentos de identidad, la Superintendencia aclara: “Ninguna organización está exenta de que alguien, utilizando información de otra persona, quiera adquirir un producto, como son los típicos casos de líneas telefónicas, tarjetas de crédito o cursos contratados. Esas acciones son realmente sencillas de acometer, pues muchas veces se concretan con sólo la fotocopia de una cédula.
La ley de Habeas Data Financiero y una circular de la SIC disponen que los afectados deben primero dirigirse a la compañía donde se presentó el incidente de suplantación y presentar la reclamación. La compañía está obligada a verificar la identidad real de quien alega ser víctima de un delito y, de comprobar la irregularidad, ordenar el retiro de la persona de las centrales de riesgo.
“Si la compañía no verificó adecuadamente la información y no constató que quien estaba pidiendo el producto, efectivamente era quien decía ser; es decir, si no tomó las medidas necesarias para asegurarse que no se estuviera presentando una suplantación, tiene que asumir su responsabilidad y ordenar la eliminación de los reportes”, señala Bermúdez.
En caso de que el ciudadano afectado no esté de acuerdo con la respuesta, puede recurrir a la Superintendencia, no tiene que ir a la Fiscalía; en la SIC se revisa el proceder de la compañía.
En todo caso, desde que se interpone el reclamo la empresa que hizo el reporte deberá informar a la central de riesgo para que incluya una leyenda “reclamo en trámite”. Así lo establece la ley con el propósito de no afectar la vida crediticia de quien es víctima del fraude.
Como más vale prevenir que lamentar, no sobra recomendar cuidado con los documentos, evitando pérdidas. En todo caso, cada persona tiene la posibilidad de revisar en las centrales de riesgo eventuales reportes. Lo hacen de manera gratuita una vez al mes.
“Es bueno revisar de manera frecuente el historial crediticio para conocer la acumulación de deudas tras una suplantación; pues es obvio que a nadie lo pueden notificar, pues los datos entregados son falsos”, dice Bermúdez.
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