Victoria de la Nación en el caso Sampués, en Sucre, en una demanda de $46 billones

En una decisión trascendental emitida el 23 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que podría haberle costado al país $46 billones. En el proceso judicial se señalaba a la Oficina de Tránsito y Transporte del municipio de Sampués, en Sucre, de operar de forma ilegal, lo que supuestamente perjudicaba a los conductores sancionados por dicha entidad. Se trataba del tercer caso más cuantioso que enfrentaba el Estado a nivel nacional.

Todo este lío judicial arrancó con Salvador Arana, el exgobernador de Sucre condenado por aliarse con paramilitares para el asesinato de El Roble, Eudaldo Díaz. En su momento, Arana firmó un decreto para suprimir la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sucre, con sede en el municipio de Sampués.

Un año después, a través de una resolución, delegó las funciones de esa dependencia a un grupo de trabajo. Años después, esa decisión terminó en una de las demandas más costosas que enfrentaba el Estado, una acción de grupo que pretende demostrar que la Secretaría que eliminó Arana nunca volvió a operar.

El recurso estaba, precisamente, en revisión en el Consejo de Estado, a donde llegó la demanda luego de que los ciudadanos perdieran en primera instancia. Los peticionarios de esta insistían en que la Secretaría en Sampués, que actualmente opera común y corriente, no tiene ningún piso jurídico, pues Arana la eliminó en 2002 y nunca se realizó el procedimiento legal para revivirla.

Pero tras una detallada revisión, la Subsección "C" de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó que la demanda contenía varias pretensiones, algunas de las cuales fueron presentadas fuera del plazo permitido por la ley, por lo que se declaró la caducidad de la acción en ciertos aspectos.

Además, el Consejo de Estado determinó que la Oficina de Tránsito fue creada de manera legal y que las multas impuestas correspondían a infracciones de tránsito reales; decisión que representa un ahorro millonario para las arcas del Estado, al evitar el pago de indemnizaciones que los demandantes reclamaban.

La demanda fue promovida en su momento por un grupo de 50 personas contra varias entidades
del gobierno, entre ellas el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento de Sucre.

“Este fallo se convierte en una gran victoria para el país, ya que protege los recursos públicos y refuerza la autoridad de las entidades encargadas de hacer cumplir las normas de tránsito”, comentó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés

La demanda se logró ganar gracias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la defensa implementada por las entidades públicas demandadas.