Con respecto a la educación -lo he dicho muchas veces en esta columna- es absolutamente necesario darle un vuelco a un sistema que desde hace varias décadas está haciendo agua, en lo administrativo y en lo misional. Para empezar, es obvio que no podemos tener una educación de calidad, con sueldos de hambre para los maestros. Colombia no es la antigua Grecia, en la que los filósofos más reputados vivían y morían en la pobreza absoluta. Los maestros colombianos requieren con urgencia mejores condiciones laborales y económicas. Nadie puede enseñar correctamente, cuando solo piensa en las peripecias que habrá de hacer para pagar las cuentas.
La ministra Parody no es ni mucho menos la causante de la tragedia; creo que es parte de la solución y la siento muy bien intencionada. Tampoco se les puede endilgar la responsabilidad de la debacle educativa a los profesores, que legítimamente protestan. La culpa del estropicio recae exclusivamente en la falta de voluntad política de los gobiernos de turno (desde la Independencia), para educar a un pueblo que resulta fácil de manejar en las penumbras de la ignorancia. Lo que corresponde, eso sí, es buscar consensos entre todas las partes intervinientes, para llevar a buen puerto una necesidad que es inaplazable.
En los países desarrollados, las escuelas públicas, en la mayoría de los casos, son mucho mejores que las privadas. Hay que ver la ventaja que nos llevan Europa y Estados Unidos en ese aspecto y en muchos otros; porque un país bien educado es más prospero en todos los sentidos. No exagero cuando digo que la causa principal de la pobreza es la falta de educación. El mayor legado de un Estado a sus ciudadanos es la educación, pero esta debe ser de primera. El otro tema: ¿Necesita el presidente refrendar los acuerdos de paz? la respuesta en estricto derecho es: no. El primer mandatario tiene toda la potestad legal y constitucional para acordar lo que a bien tenga con la guerrilla, por supuesto sin desconocer el ordenamiento jurídico interno y el externo.
El presidente Santos prometió poner a consideración de los votantes el arreglo al que se llegara con los subversivos, pero recientemente algunas voces autorizadas señalan que lo que se pretende en realidad es promover un referendo para otorgarle facultades al Ejecutivo para desarrollar los postulados de la justicia transicional. En este caso, tampoco es necesaria la consulta, pues, con el marco jurídico establecido por el Congreso y los tratados internacionales que regulan la materia, Santos podrá maniobrar el barco sin mayores contratiempos.
Surge otra pregunta entonces: ¿Si el gobierno está habilitado por la ley, por qué buscar el apoyo popular en las urnas? La respuesta es sencilla: las Farc no van a pagar un solo día de cárcel, y una decisión tan compleja en criterio del gobierno debe estar avalada por la gente. A ese punto se reduce la agenda de la negociación.
No es tarea fácil la que tiene por delante el presidente: conciliar las ganas de la gran mayoría de colombianos de ver presos a los jefes de las Farc, con la condición irrevocable de ese grupo guerrillero de no ir a la “cana” bajo ninguna circunstancia.
Colombia es una suma de problemas. Por ello hay que empeñarse a fondo, para dejarles a nuestros hijos las soluciones que se necesitan.
La ñapa I: gran propuesta la del Ministro de Justicia: la detención preventiva debe ser excepcionalmente aplicada, solo para casos de altísima gravedad.
La ñapa II: total respaldo al periodista monteriano Mauricio Castilla, ante las amenazas y sabotajes de los que ha sido víctima.
La ñapa III: me lo dijo Álvaro Leyva hace varios meses: la negociación durará 3 años más. ¡Grave!
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