La gran talanquera para echar a andar esa “reingeniería estructural” que requiere la justicia son precisamente los intereses de los máximos jerarcas de esa rama del poder público. Nada le hace más daño a la recta impartición de justicia que los jueces se dediquen a asuntos diferentes de los misionales. Por supuesto que los gobiernos de turno también han tenido su cuota de responsabilidad: para mantener contento a todo el mundo, han preferido hacerse los de la vista gorda ante un cambio que se hace inaplazable.
Los problemas son varios y están plenamente identificados. Las soluciones podrían ser las siguientes:
1. Asegurar el acceso a la justicia para el ciudadano de a pie. La gente del común debe gozar de un sistema que brinde garantías, que sea asequible y que, además, sea ágil y expedito. Una justicia tardía es una injusticia segura.
2. Eliminar las funciones electorales de los funcionarios judiciales. Quizá esta atribución sea la gran causante del desastre. Los jueces solo deben administrar justicia. La política es para los políticos.
3. 60 años, la edad para llegar a una alta Corte. Una magistratura debe ser la culminación de toda una vida de trabajo y academia, y no el trampolín para catapultarse a otras dignidades. En materia de fallos, la juventud suele ser mala consejera. El juez debe ser el sabio viejo de la tribu.
4. Obligatoriedad del precedente judicial: en Colombia los jueces cambian de posturas como de camisa.
5. Descongestión de los despachos: las fiscalías y juzgados deben ponerse al día.
6. Tribunal de aforados: en una democracia no puede haber nadie que no tenga juez.
7. Fortalecimiento del programa de protección a victimas y testigos: hay que meterle plata a este tema; de lo contrario, el sistema acusatorio fracasará.
8. Estricto régimen de inhabilidades para los parientes de los funcionarios de la Rama Judicial: se debe acabar con el monopolio de la justicia en cabeza de unas cuantas familias.
9. Implementación de la fianza y operatividad de la vigilancia electrónica: ya no hay cárcel para tanta gente. Es menester aplicar la detención solo cuando sea absolutamente necesaria.
10. El cumplimiento estricto de los términos judiciales. Una cosa dice la ley, y otra hacen los funcionarios judiciales. El que no cumpla los tiempos debe ser destituido.
11. Jurisdicción especial de tutela: jueces que solo se encarguen de conocer este tipo de amparos. La tutela es la gran conquista de nuestro derecho.
12. Nombramientos en propiedad de los funcionarios judiciales: para que haya una verdadera independencia en la toma de decisiones, es imperativo que los jueces y fiscales no tengan en riesgo su permanencia en el cargo.
13. Mejorar los sueldos y aumentar los requisitos humanos y académicos para los empleados judiciales.
El último punto merece mención especial. Un factor determinante de la gran crisis que vive la justicia es el despliegue mediático de los casos judiciales. Un abogado a quien notifican a través de los medios y que, además, advierte el linchamiento de los mismos contra un cliente, no tiene otra opción que litigar en los micrófonos a más de los tribunales. Lo digo con total sinceridad: sería maravilloso que la ley prohibiera expresamente que los jueces, fiscales y abogados no pudiésemos dar declaraciones, a menos que hayan decisiones de fondo.
Si queremos salir del hueco, no es con paños de agua tibia: este desbarajuste demanda una reforma profunda, que solo es posible a través de una constituyente.
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