Si hay una familia que represente ese estilo de aprovechamiento y ventajismo, son los Galán Pachón. Desde que Luis Carlos Galán, el líder del Nuevo Liberalismo, fue asesinado por los “extraditables”, su viuda, hermanos, vástagos, cuñadas y todo aquel que haya tenido parentesco con el caudillo, hasta en un sexto grado de consanguinidad, han pelechado del Estado, sin más pergaminos que el ADN en común con el inmolado político.
El asesinato de Galán nos ha costado mucho a los colombianos, y no me refiero a la pérdida moral, sino al exorbitante gasto en recursos públicos, que ha significado mantener a su numerosa familia en posiciones privilegiadas de la estructura estatal: embajadas, consulados, ministerios, consejerías, Congreso y ahora, para acabar de completar, contratos multimillonarios que solo se les pueden adjudicar a dedo a los miembros de ese “selecto” grupo.
El valiente y acucioso periodista Norbey Quevedo publicó en El Espectador un informe sobre el divorcio del senador Juan Manuel Galán, y se le vino el mundo encima, pues nadie puede cometer la osadía de señalar a “los intocables”. Carlos Fernando, también senador (se dan el lujo de ser congresistas por distintos partidos), salió en defensa de su hermano y tildó de irresponsable al curtido comunicador. La verdad es que Quevedo no hizo una crónica social o farandulera, como quisieron los Galán hacerlo ver: lo que quedó en evidencia con esa publicación es que, posiblemente, Juan Manuel Galán utilizó sus influencias con Cristina Plazas, directora del Icbf, para que la solicitud de “custodia” que hizo sobre sus hijos se tramitara en tiempo récord.
Pero no solo son los puestos o el uso indebido del poder, también hay grandes contratos. Los Galán tienen una “fundación” dirigida por Maruja Pachón, que ha firmado acuerdos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad adscrita directamente a la Presidencia de la República, por la bicoca de $114.000 millones, en los últimos dos años; contratos que tienen por objeto desarrollar distintas actividades de capacitación y que, como era de esperarse, fueron entregados sin que mediara licitación pública. Como lo señaló acertadamente el periodista Juan Carlos Pastrana: “Los recursos entregados por el gobiernos a la fundación Galán equivaldrían a 60% de la inversión anual de Colombia en ciencia y tecnología”. ¡No hay derecho, qué desfachatez!
Los Galán no tienen límites y van por todo. Acaban de sacar del Consulado General de París a Daniel García Peña, e hicieron nombrar ahí al menor del clan: Claudio. Carlos Fernando se cree el dueño de Bogotá y está haciendo todo lo posible para ungir a un candidato de sus afectos para la alcaldía, y en ese proceso está tratando de cerrarle el camino a Rafael Pardo. En fin, creo que los Galán son la antítesis de su padre.
¿Hasta cuándo seguiremos los colombianos, subsidiando de nuestros bolsillos los caprichos y costosos gustos de los hermanitos Galán? Hasta donde sé, ni ustedes ni yo, mis queridos lectores, matamos a Luis Carlos Galán, no podemos responder por eso, y, sin embargo, nos ponen a pagar por ese crimen.
La ñapa I: La propuesta de aplicación de justicia transicional para todos los actores del conflicto, hecha por el expresidente Gaviria, es la misma que he venido haciendo en estas páginas. Por ahí es la cosa.
La ñapa II: ¿Qué pasó con la candidatura a la gobernación del Atlántico de Guillo Polo? ¿Por qué salió corriendo? Es hora de que aclare y dé la cara.
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