Adriana Escobar García
Mucho se habla de la urgencia para una reforma laboral logrando equilibrio de las cargas del empleador y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no he visto la atención puesta en aspectos como la formación de la fuerza laboral para la competitividad.
El sector público de la educación juega un papel fundamental en la competitividad laboral de los futuros trabajadores y sus niveles de competencia frente a profesionales, técnicos y trabajadores del sector privado, sumado a los cambios que ya se han dado y se avecinan frente al futuro del trabajo.
Una de las tragedias más notorias de la pandemia es la falta de empatía hacia los niños y jóvenes del sector público de la educación, que fueron relegados al confinamiento indefinido sin un ápice de interés respecto a su retorno a las aulas y su conexión con la educación, especialmente en el sector rural. Si antes del Covid-19 era evidente la brecha del nivel de competencias de la educación pública frente a la privada, ahora la suspensión para atender a los estudiantes en las aulas públicas traerá efectos nefastos para los futuros empleados.
La UNESCO y la CEPAL, han concluido que la pandemia ha agudizado las falencias de la educación en Latinoamérica. Sumado a esto, los datos estadísticos del DANE arrojan que el 70% de la población rural no accede a la educación por la falta de oferta, y ahora con la pandemia las cifras van en aumento y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, concluyó que el 96% del campo no logró poner en marcha las clases virtuales para los colegios públicos.
Al final del día y después de un proceso educativo lleno de obstáculos y vacíos para los estudiantes colombianos, al salir en busca de empleo se estrellan con la realidad del mercado laboral diferenciado, donde los empleadores deben suplir en algún punto las falencias encontradas en las habilidades que buscan en sus trabajadores y equipararlos a los procesos productivos que deben generar valor y rentabilidad en el sector empresarial.
Implementar mecanismos como fueros y políticas de protección al empleo son sin duda avances en la legislación laboral, pero cuando paralelamente un estado no ofrece una educación acorde con el desarrollo de la sociedad, donde se espera contar con una fuerza de trabajo competitiva al interior y fuera del país, seguimos en el mismo circulo vicioso. El sector empresarial debe suplir las carencias y falencias de sus trabajadores porque no cuentan con las capacidades y competencias proporcionadas de manera adecuada en su etapa educativa.
Las cargas para los empresarios se acentúan cada vez más con la pandemia y no es sostenible que el sector productivo cumpla el rol que le corresponde a la función pública de educar. Las conversaciones de los empresarios, trabajadores y el Gobierno deben ser más constructivas, enfocadas en lograr una educación competitiva para un trabajador que responda a las necesidades del mercado. Si el sector empresarial encuentra en su sociedad estudiantes que ofrezcan el nivel que su negocio exige, seguramente las empresas podrán ofrecerles mayores oportunidades y por ende mejores niveles de bienestar en todos los aspectos.
La educación no se puede limitar a entregar información a los estudiantes o a enseñar un par de habilidades cognitivas, debe ser una formación enfocada en una verdadera ética del trabajo. Un proceso educativo fructífero para una sociedad incluye la formación de un ciudadano capaz de aprender y construir con otros, resolver conflictos e idear proyectos.
Para las empresas resulta poco rentable tener que asumir esta función, que le compete esencialmente al sistema educativo de un país.
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