¿Nueva política pública?

Para todos es bien sabido que el petróleo y sus derivados representaban más del 50% del total de exportaciones del país y equivalían a más del 5% del Producto Interno Bruto y, reemplazar semejante contribución, no es tarea fácil.  El Gobierno Nacional ya ha tenido que ajustar las metas de crecimiento para el presente año y  ha calculado una cifra bastante abultada para el faltante en las cuentas de la Nación, para el presente año. Lo cierto es que por la caída del precio del barril, cada dólar que se deja de percibir, según los expertos, significa algo así como $430.000 millones de pesos menos al año. En resumen, se conoce que hay medidas macroeconómicas que están siendo estudiadas. Que para el país causa mucha preocupación la situación presente, sobre todo si llegare a significar tener que recaudar más impuestos para financiar los gastos.

Sin embargo, no se ve claro que hay en materia de política pública sectorial para conjurar la crisis, y darle la mano al sector minero-energético en estos momentos. Cabe anotar que en el desarrollo de los proyectos el Estado y los particulares se colaboran mutuamente. En el pasado reciente, hemos sido medianamente exitosos en atraer inversiones para la minería y los hidrocarburos.

La pregunta hoy es ¿cómo hacer para seguir atrayendo inversión y para mantener, tanto la ya recibida, como la que eventualmente pudiera llegar a futuro? Ante la caída tan estrepitosa de los precios, los flujos de inversión se reducen sensiblemente, en especial, teniendo en cuenta que las empresas estimaron sus operaciones con base en precios altos.

Se suma a lo anterior que las compañías están teniendo grandes pérdidas de ingresos y de valor de las mismas. Entonces, ¿será necesario prever algún cambio en materia regulatoria para dar mayor flexibilidad y atraer y mantener a los inversionistas? La política sectorial vigente, reflejada en la regulación existente, sigue montada sobre la locomotora minero-energética y el mal llamado “boom” de los recursos del subsuelo.  Hoy esas premisas ya no son válidas. Estamos ante una industria duramente golpeada, que estaría requiriendo medidas especiales para reactivarse, ya que difícilmente lo logrará sola.

De otra parte, y aún cuando los hidrocarburos en yacimientos no convencionales son la moda, los yacimientos convencionales continúan siendo la opción más atractiva y, en algunos casos, más barata para buscar y extraer petróleo. Cuando los precios están altos, la demanda se reduce y hay tendencia a invertir en proyectos más riesgosos que conlleven más producción, como los no convencionales.  Cuando los precios colapsan, como sucedió en los meses anteriores, se regresa a los escenarios de oferta y demanda previos. Entonces es pertinente preguntarse si el Gobierno Nacional tiene previsto ajustar la política pública sectorial de las locomotoras, para regresar a algo parecido a las medidas tomadas para el despegue del sector.  Fueron cerca de 15 años en los cuales se hicieron cambios normativos y una reingeniería del Estado, para promover la inversión en la minería y los hidrocarburos. Los resultados podría decirse que fueron exitosos, pero, ante la coyuntura, habría que estudiar cómo mantener, hasta donde sea posible, a esos empresarios que respondieron al llamado y qué medidas deben adoptarse, ya no en procura de las preocupaciones macroeconómicas, sino del futuro sectorial para que el Estado y los particulares puedan seguir trabajando juntos en la generación de cuantiosos recursos económicos.

Durante los días 13, 14 y 15 de mayo próximo, estos temas se debatirán en Cartagena con ocasión de Cinmipetrol.