Ojalá con la ayuda de ese nuevo Plan, sea posible recobrar el rumbo marcado por el antiguo Plan Nacional para el Desarrollo Colombia País Minero 2019. Allí se hablaba de metas optimistas y de una visión de largo plazo muy ambiciosa. Se señalaban como vitales, tres funciones principales para el Estado: (i) Facilitar la actividad minera (ii) promover el desarrollo sostenible en la minería y (iii) Fiscalizar el aprovechamiento minero. Todo lo anterior, en armonía con lo previsto en el Conpes de 1997 sobre “Estrategias para el fortalecimiento del sector minero Colombiano”.
Se decía en dicho documento, que era indispensable eliminar ambigüedades en la actitud del Estado frente a la minería, desarrollando plenamente el concepto de “Estado Facilitador” y contando con una institucionalidad fuerte y respetable para la administración del acceso al recurso potencial y la fiscalización de su aprovechamiento. Así mismo, se esperaba que se adoptaran políticas mineras que armonizaran los intereses nacionales con los de las comunidades locales y minorías étnicas, haciendo posible la minería en todo el territorio, bajo el concepto de sostenibilidad. Hoy vemos esta posibilidad como algo lejano.
De otra parte, se esperaba que los empresarios mineros internalizaran los costos sociales y ambientales de su actividad, hicieran inversión en exploración y buscaran ser competitivos “sin deteriorar el capital natural ni sobre-ahorrar en mano de obra”. Así mismo, que progresaran en investigación y desarrollo de tecnologías limpias.
Otra tarea muy importante, prevista desde entonces, era desarrollar agendas de productividad y competitividad para todos los distritos mineros. Con ello se lograría relacionar las entidades públicas y privadas, para concurrir con los mineros en planteamientos de desarrollo tecnológico, mejora en las prácticas ambientales, gestión empresarial y financiera, dándole una verdadera vocación minera a las regiones, a partir de la suma de esfuerzos. Hoy tenemos en cambio conflictos con comunidades, apoyados o promovidos por las autoridades seccionales que se oponen a la minería, sin entender los beneficios que podrían obtener de ella.
De los resultados previstos, el primero debería haber sido atraer inversionistas para la actividad exploratoria y de producción minera. La meta era convertir a Colombia en uno de los tres principales destinos latinoamericanos de la inversión privada, interna y externa destinada a la exploración. Con ello, se tendría un mayor conocimiento del subsuelo del país. Desafortunadamente, esos inversionistas vinieron, pero son pocos los que aún permanecen. Para el Estado se obtendría lo que se denominó “una captura de valor” como consecuencia de los resultados exitosos de la actividad minera. Pero para ello, se dijo que era necesario propiciar las condiciones para un mejor desempeño de la industria minera. Cabe preguntarse: ¿qué pasó?,¿por qué no se logró?
Se decía en aquel entonces que “una buena estrategia es un conjunto de escogencias integradas que permiten posicionar una industria y crearle una ventaja sostenible frente a sus competidores”. Tales escogencias no son una responsabilidad exclusiva de la cartera de Minas y Energía. Todo el Gobierno Nacional debería comprometerse con la creación del contexto necesario para que ese Plan diseñado en 2006, algún día se convierta en una realidad, a partir de retornar a su curso. Se necesita, hoy más que nunca, la coordinación y articulación entre entidades de gobierno. Se requiere además y con urgencia, que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo señale los derroteros y las vías para lograrlo. Nuestros votos porque la sabiduría dirija a quienes trabajan en ello.
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