Alejandro Mejía
El 1º de julio de 2020 inició un nuevo capítulo en la Rama Judicial con la prestación remota y virtual de sus servicios. Hay escepticismo sobre la verdad a la hora de consultar expedientes, radicar memoriales o demandas, y la forma en que se celebrarán audiencias virtuales, no de tipo excepcional, sino como regla general.
El plan de migración de la justicia al ecosistema digital diseñado por el Consejo de la Judicatura no llevaba 15 días cuando había sido revocado, como consecuencia del incremento de casos de covid-19.
Con o sin coronavirus, la justicia sigue a años luz de una verdadera digitalización. Hay que aplaudir los esfuerzos, pero estas medidas no materializan la reforma que se requiere. En vano van a quedar tantos esfuerzos volcados, todos sobre el expediente digital, que muchos parecen entender como el eje central del mejoramiento del servicio de la justicia. Es un sofisma, como lo es también reformar la elección de Magistrados de las Altas Cortes. Son problemas: si. Los más importantes: no.
Hablando del expediente digital, desde la década pasada se lo menciona, pero todavía nada ha sucedido, y nada revolucionario sucederá si se logra implementar.
Disponer tantos recursos hacia ese objetivo es un desperdicio si el propósito se agota en escanear millones folios para que el expediente ahora sea un PDF que traslada al juez a leer los mismos 600 folios de un expediente físico, ahora frente a una pantalla.
Estas son muestras de una solución análoga en un ecosistema digital que poco aporta al problema. Para reformar la justicia, en serio, se necesitan soluciones digitales en ecosistemas digitales: Inteligencia Artificial para depurar denuncias sin sustento o demandas con errores de forma; tecnologías para procesar metadatos; contratos y actuaciones judiciales en blockchain; algoritmos inteligentes que plantean silogismos y los resuelven; bases de datos interconectadas con datos como tarjetas profesionales, registro civil, licencias de conducción; registros Invima, licencias del Anla, títulos mineros, folios de matrícula inmobiliaria o mercantiles en línea, solo por mencionar algunos; herramientas digitales que lean textos, transcriban testimonios, crucen sus dichos y hagan matrices sobre los hechos.
Las TIC al servicio de la justicia es un lienzo en blanco que se desperdicia si se malgasta en escanear expedientes.
La resaca se alivia al ver la aparición de PretorIA (IA, por Inteligencia Artificial), un programa del que se servirá la Corte Constitucional gracias al liderazgo de la Universidad del Rosario, Corferias y la Cámara de Comercio de Bogotá entre otras, que dotará de herramientas, más allá de la digitalización de expedientes, para seleccionar tutelas con base en algoritmos inteligentes, guardar métricas, y resolver con base en ellas. Lástima la falta de difusión de semejante hito.
La reforma debe ser de abajo hacia arriba, a partir de jueces digitales, empoderados con apoyo en herramientas tecnológicas que procesen, analicen y digieran texto por ellos. Con sus poderes de dirección pueden evitar papeleo y autenticaciones burocráticas sin sentido. Por espacio, solo se mencionaron algunas, pero las posibilidades que tiene el juez en la era digital son infinitas.
La Fiscalía, entre tanto, ni una sola letra ha escrito sobre como atenderá al público de manera virtual. Los Fiscales en sus casas trabajando remotamente, pero ¿y las investigaciones? ¿la policía judicial? ¿la atención a víctimas y defensores?
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