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OPINIÓN

Némesis

29 de junio de 2021

Alejandro Mejía

Socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados
Canal de noticias de Asuntos Legales

Ahora que están de moda la protesta y la hipertrofiada palabra "empatía", sería casi sublime que alguno de los Honorables Congresistas que dicen estar conectados con la ciudadanía y que de paso, votaron favorablemente la rimbombante “reforma a la justicia” se acercara a algún ciudadano de esos que ha visto pasar diez años o más sin que su proceso judicial sea resuelto, para que le cuente cómo es que la ley que aprobaron va a impactar favorablemente su proceso judicial y su vida.

La verdadera reforma a la justicia no se trata de decidir quien nombre al gerente de la Rama o cuáles son los requisitos que se necesitan para ser Magistrado. Se debieron concentrar en los verdaderos problemas que hacen que por culpa de las carencias de la justicia el país no sea competitivo, que no haya seguridad jurídica, que una tutela ordene pruebas PCR para vuelos internacionales, que los juzgados se mantengan desbordados de procesos o que un juzgado tenga hasta 20 audiencias en un día.

La virtualidad, por ejemplo, que sigue siendo un motivo de pugna entre sindicatos y la Rama Judicial, necesita ajustes y reglamentaciones claras. Mientras persista la pandemia, la virtualidad debería ser el ecosistema en el que se desarrollan las actuaciones, pero no puede seguir navegando en la improvisación en que continúan algunas prácticas, como si la Pandemia la hubieran declarado ayer. Naturalmente, la reforma nada resolvió sobre el tema y la ‘jurisprudencia de baranda’ rige en muchos aspectos de la virtualidad sobre procesos judiciales.

A propósito de la virtualidad, es inverosímil que miles de fiscales, secretarios, oficiales y hasta jueces trabajan con computadores portátiles personales. Tampoco se entiende que muchos funcionarios guarden los archivos de los procesos judiciales en los discos duros de esos computadores porque el almacenamiento en la nube es una utopía sofisticada. Cada vez que un e-mail que contiene un memorial rebota porque el buzón del juzgado o el fiscal está lleno, muere un pingüino en la Antártida.

No es chiste, ni son los únicos problemas. Sigue sin definirse un protocolo adecuado para realizar juicios orales por medios virtuales. O ¿cómo se interroga a un individuo asegurando la inmediación del juez o impidiendo que sus respuestas no estén en un libreto o bajo la influencia directa de una de las partes? Y mientras se crean cargos en la Procuraduría y la Defensoría, quién le para bolas a la policía judicial que es como el hijo feo de la rama judicial cuando debería ser la joya de la corona de la especialidad penal. Ni joya, ni corona, ni siquiera especialidad: conozco abogados laboralistas que dirigen despachos penales y policías judiciales que investigan delitos de día y los mandan a contener desmanes en el Portal de las Américas por la noche.

Entre tanto, la Fiscalía sigue a la deriva. Siguen con el cuento de las restructuraciones que sólo represan más los procesos. El famoso Spoa vive caído como Neymar y no existe un directorio unificado que contenga los correos electrónicos de los Fiscales. Hay que tener suerte, rosca o un oráculo para saber quien es el Fiscal de un caso y apuntarle a inferir su correo por el nombre y apellido del susodicho para remitirle una citación a una audiencia.

La administración de justicia es su propio enemigo y el Congreso, cómo no, le hace zancadilla: 18 intentos de reforma para llegar a esto. Todo en la justicia seguirá igual, así le digan “expediente digital” a un archivo que tiene 400 folios en PDF.

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