Los mismos estatutos de Fifa, en ninguna parte solicitan a sus asociaciones acatar la legislación de cada país, es bien sabido el deseo de los dirigentes deportivos de no hacer caso a lo ordenado por la ley o los gobiernos, con varias argumentaciones falaces; que el fútbol es empresa privada, que Fifa maneja el poder de desarrollar todo lo relacionado con ese deporte sin importar la ley nacional o en ultimas, que el fútbol es diferente.
Las empresas privadas evidentemente deben sujetarse a la legislación local y son en ultimas las destinatarias de las leyes y demás ordenanzas expedidas por autoridades competentes que evidentemente deberán respetarlas aun cuando esto implique el menoscabo de alguna de sus actividades o privilegios, existen por otra parte, herramientas jurídicas que permiten a quienes consideran se les vulneran sus derechos sean retiradas estas leyes del ordenamiento o sean resarcidos por los perjuicios causados.
En el fútbol, generalmente cuando alguno de los presidentes de asociación nacional ve peligrar su amplia parcela de poder eleva una queja a Fifa quien de manera inmediata envía comunicados amenazantes con retirar de toda competencia a tal estado como se apreciará en los siguientes casos.
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pretende eludir acciones penales y disciplinarias por actuaciones totalmente contrarias a la ley para perpetuarse en su puesto, aún en contra de la ley que prohibe postularse de manera indefinida como presidente de una federación deportiva en el Perú; el señor Manuel Burga amenaza de manera constante al resto de los peruanos de la temida descalificación, amenaza secundada por la propia Fifa que no ve inconveniente en enviar comunicaciones apoyando la ilegalidad de ese señor.
En Bolivia, igualmente a petición del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fifa y Conmebol enviaron comunicaciones amenazando el fútbol de dicho país, pues consideran que un anteproyecto de ley va en contra de los estatutos de Fifa. Se llega en este caso al absurdo en el que quien se entromete en la actividad legislativa de un estado es una entidad de derecho privada manejada por personas cuyo interés es permanecer a como dé lugar en su puesto. El proyecto de ley que tanto incomoda a Fifa tiene que ver con la búsqueda de transparencia en los ingresos recibidos por clubes, jugadores y asociaciones y prevención de lavado de activos, pues como es bien sabido los equipos de fútbol pueden ser unos excelentes agentes de blanqueo de capitales.
En Argentina, por el contrario, el fútbol está manejado por el gobierno y para fines políticos de quien en este momento detenta el poder; gracias a un aporte generoso de dinero público las fechas de los partidos, la publicidad y en general la organización administrativa y económica de este deporte está siendo manejado sin mayor inconveniente por ministros y allegados a la presidencia; hace pocos días el jefe de gabinete argentino, persona sin ninguna vinculación con AFA o el fútbol vetó de manera tajante el ingreso de un empresario de las comunicaciones al fútbol. Este caso, a mi modo de ver, representa la mayor injerencia en el fútbol organizado desde el mundial de 1978 donde el señor Videla se paseaba por los camerinos de Argentina sin ningún rubor. Curiosamente esta situación no ha sido analizada por parte de Fifa como violatoria de sus estatutos, básicamente porque quien negoció era, en su momento el segundo de Fifa y para él no había inconveniente o injerencia indebida, diría en algún momento este personaje “todo pasa” aún la injerencia indebida de la presidenta argentina.
Existen instrumentos jurídicos para defenderse de estas amenazas, algunos clubes sudamericanos han logrado con éxito detener estas amenazas acudiendo a la justicia suiza, no es fácil y el costo político para un gobierno es diferente al de un club individual, pero es el momento en el que los gobiernos pierdan el miedo a la terrible desafiliación de Fifa, instrumento inmoral y sobretodo ilegal.
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