No es extraño ver que en Colombia existan titulares como: “Petro dice que aún puede gobernar en Bogotá”, “exconcejal de Chía vuelve a tener licencia de conducción”, “Garavito, renovado y cristiano, a punto de salir de la cárcel” o “Mira defiende a los discapacitados de Colombia”; lo anterior, y a pesar de la sorpresa que puede causar en una sociedad que no cree ni en sus propias leyes, se debe única y exclusivamente a los vacíos jurídicos de una constitución floja, tibia y cambiante que está acostumbrada a ser vulnerada incluso en los aparentes casos más contundentes.
Mientras que la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos originales y la Constitución Inglesa tiene una ley única que apadrina al Parlamento, por poner un ejemplo; en Colombia, en tan sólo 23 años se han hecho más de 29 reformas a una constitución de 380 artículos con innumerables enmiendas; enmiendas y “ajustes” que tristemente han servido para que criminales como Garavito, asesino violador de más de 200 niños, esté a punto de salir a la calle porque en Colombia sólo se sindica por la conducta o delito, sin importar el número de reiteraciones.
Casos semejantes se han conocido en la opinión pública gracias a la desmedida falta de sentido común que tiene nuestra constitución cambiante. Un sistema carcelario colapsado, una crisis judicial permanente, maridos maltratadores de sus esposas con el beneficio de “casa por cárcel”, exalcaldes que entutelan indefinidamente buscando que una decisión llegue al “vencimiento de términos”, decenas de policías imposibilitados para usar su autoridad frente a una persona que puso en riesgo a Bogotá una mañana (exconcejal de Chía), y otros titulares sacados de una realidad desmedida, tanto que ni el mismo Gabo pudo visualizarla en su contexto macondiano.
Buenos o malos, nuestros gobernantes también han abusado de esta flexibilidad. Unos la han “ajustado” para reelegirse, otros se quieren reelegir pero a su vez quieren “ajustarla” para suprimir la reelección; esto parece no tener fin, cada quien le hace las respectivas “correcciones” dependiendo de su criterio o de sus intereses individuales sin importar el utópico y lejano concepto de las necesidades comunes.
¿Qué se puede hacer? El Estado debería estar en la obligación de defender el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud, a la dignidad y la justicia equitativa; sin olvidar la calidad de vida, el medio ambiente y la vida de los otros seres vivos. Es así de simple, no debería existir espacio para interpretaciones, espacios para cuestionamientos o justificaciones imprecisas. Debemos dejar de juzgar el tipo de arma con la cual se realizó un homicidio, no importa si fue con un palo, o con un revólver, homicidio es homicidio y si se demuestra la participación en el mismo, debería condenarse duramente, sin “buenos comportamientos”, sin rebajas por ir a la iglesia o por hacer manillas.
En días pasados, el domingo de votaciones parlamentarias, vi una señora que a pesar de las indicaciones de un señor policía para que ingresara por donde le correspondía, entre dientes y agilizando su paso, hizo lo que literalmente se le dio la gana y se coló por las cintas improvisadas para cercar el recinto electoral. El policía avergonzado del alcance de su autoridad, empuñó fuertemente su bolillo, enrojeció su cara y agachó la cabeza asumiendo con cierta pena su derrota. ¿Ustedes creen que eso pasa en otro país?, ¿ustedes creen que en Estados Unidos, más de 30 hombres hubieran escoltado a una persona que vulneró la seguridad de la ciudad capital?
Ese es el claro ejemplo de nuestra justicia, que está basada en una Constitución que tristemente carece de claridad, autoridad y respeto, incluso por los mismos que la cuidan y hacen valer, o ¿qué me dicen de Mr. 50.000 votos?
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