Andrés Martínez Vallejo
La infraestructura social, clave para el bienestar general, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la materialización - por ejemplo- de la “sociedad del conocimiento” de la que hablaba el presidente Petro en plena campaña presidencial, aún sigue estancada en la agenda del gobierno del cambio por varias razones: los incentivos dispares para los proyectos de asociación público privada de iniciativa privada que requieren recursos públicos, el incipiente avance en la estructuración de proyectos de infraestructura social a cargo de la ANI, y la falta de confianza del gobierno en el modelo probado y eficiente de integración de recursos públicos y privados como las Asociaciones Público Privadas (APP).
En primer lugar, el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012 aún restringe la contribución de recursos públicos para las iniciativas privadas no viales al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. Esto implica una exigencia de rentabilidad muchas veces incompatible con los proyectos de infraestructura social diseñados para suplir necesidades de las entidades públicas, o para la construcción de infraestructura y prestación de servicios no siempre onerosos. Además, la misma norma no permite a los originadores de iniciativas que requieren recursos públicos mejorar su oferta -como sí sucede en las iniciativas privadas sin recursos públicos- y se limita a conceder una bonificación entre el 3% y 10% de la calificación inicial del originador.
Por otro lado, si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) dotó de facultades de estructuración, adjudicación y construcción de infraestructura social a la ANI, a la fecha la entidad da cuenta de apenas 13 proyectos en lo que denomina “estructuración temprana”: 5 hospitales de alta complejidad (Simón Bolívar, Materno Infantil y Engativá en Bogotá; Materno Infantil en Cúcuta; y el Hospital de Fusagasugá), 4 infraestructuras educativas (universidades del PND, 8 colegios en Ibagué, 10 colegios en Soacha y alojamientos universitarios en Manizales y Medellín), y 4 iniciativas en agua (STAR Neiva, STAR Duitama, PTAR Cúcuta y Acueducto de Santa Marta). Tratándose de proyectos concebidos originalmente por entidades territoriales y centralizados por la ANI, su estado real de estructuración, presupuesto y viabilidad son inciertos, como también la esperanza de su contratación en este cuatrienio.
Finalmente, el sector de la infraestructura intenta aun recuperarse de los efectos de las múltiples decisiones gubernamentales que han golpeado sistemáticamente a los actores y la confianza en el sector: la congelación de las tarifas de peajes (Decreto 050 de 2023), la demora en el pago de las garantías de recaudo (DRs) en las concesiones carreteras, o la manipulación de las vigencias futuras -corregidas con el penoso decreto de yerros (Decreto 0163 de 2024)- son reflejo de una postura política renuente al modelo de concesiones, al imprescindible financiamiento privado y a la filosofía misma de las APP.
Es imperativo que el gobierno reconozca que el desarrollo social de su agenda depende de un verdadero impulso a la infraestructura social, lo que es imposible sin la estructuración de proyectos realistas desde el frente privado y público por igual. Es imprescindible volver a evaluar los límites a los beneficios legales para los originadores de proyectos APP sociales que requieran recursos públicos, y que el gobierno honre sus obligaciones contractuales y legales con todos los actores de la infraestructura del país. Sólo así se podrá avanzar en la construcción de las sociedades del conocimiento, salud, cultura y servicios públicos que el gobierno del cambio ha prometido.
*Andrés Martínez Vallejo, Asociado Principal Infraestructura -Cuatrecasas
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