¿Llegó el momento de la reforma tributaria territorial estructural?

Inefablemente la respuesta a este interrogante, o al menos a su adjetivo de estructural, siguiendo una lógica impecable de un exdirector de la Dian, tendría como respuesta un claro no. No podemos esperar que haya reformas estructurales tributarias, hasta que no cambiemos la manera en cómo se tramitan las leyes que dan origen a estas normas.

Sin embargo, al encontrarnos, pareciera, ante la inevitable modificación del monto y las reglas de reparto del Sistema General de Participaciones, permitámonos la licencia de valorar si de la mano de esta iniciativa de financiación del gasto debería venir la que busque preservar, e inclusive en algunos casos ponderar y premiar, la generación propia de los ingresos.

Con este sustancial incremento de recursos, se está pasando de algo más del 20% de los ingresos corrientes de la Nación al 46,5% previsto para el año 2034 con aumentos del 2,5% anuales. Ante esta situación, nace la inquietud natural frente a las finanzas territoriales recogida en aquella magnifica frase de que cualquier gran poder trae atada una gran responsabilidad.

Esa gran responsabilidad, como se ha puesto de manifiesto ampliamente entre varios expertos, pareciera que debería partir de una esencial modificación del esquema de competencias, para saber en qué se van a gastar los recursos. De hecho se ha planteado que una reforma de esta naturaleza debería primero tocar el esquema de reparto de competencias, para después consecuentemente entender y operativizar sus necesidades de financiamiento.

Sin embargo, el camino político que estamos presenciando es sentar un “manotazo” en la mesa desde la descentralización territorial, que hay que reconocer tiene muchas deudas históricas desde el mandato constitucional de 1991. El proceso de descentralización siempre ha generado fuertes fantasmas alrededor de la eficiencia del gasto, no con injustas mediciones.

Sin embargo, aunque los esfuerzos frente a la idea de fortalecer las administraciones territoriales de manera efectiva y decidida para que sean mejores administradores y gestores del gasto no han sido suficientes, sí se ha dilatado el proceso bajo el argumento de una pobre gestión.

Las administraciones territoriales, salvo las de algunas capitales, no se han considerado merecedoras de una profundización de la descentralización bajo determinadas visiones, lo cual lleva ineludiblemente a un eterno posponer de dicho proceso, y la continua creación de entes nacionales que buscan cumplir con los temas territoriales (e.g. Prosperidad Social, Redes, etc.). Frente a esta visión se plantea una medida como la que estamos viendo, que bajo análisis de competencias o no, está doblando el envío de recursos a los entes territoriales.

Amén de los importes, y si realmente soportan las cuentas nacionales el porcentaje que se pretende transferir, quizás sea el momento de reclamar mejores medidas de control y apoyo a la gestión territorial. Se requieren grandes cruzadas que recojan el espíritu de la Dirección de Apoyo Fiscal, pero a escalas que realmente permitan un cambio no en temas coyunturales sino de manera permanente en la gestión territorial.

Así sea, si vamos a acelerar el proceso de descentralización es importante que lo hagamos, al menos en varias de sus dimensiones, sin que pueda dejar de ser una de estas la sostenibilidad de los entes territoriales en la generación de sus recursos propios. ¿Llegará la prometida reforma de la Ley 14 de 1983?, ¿y la reforma de una LOT que contemple un nuevo escenario financiero? Fe y templanza a nombre de los territorios.