El escándalo más reciente de corrupción en contratación estatal -y creo que candidato al más grave del año- es el protagonizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
Es un escenario que denota la debilidad institucional que aún tiene nuestro país a la hora de prevenir contratos irregulares. Con base en la información que ha encabezado la prensa de los últimos días, no son pocos los defectos que tendría el contrato entre el MinTIC y UT Centros Poblados: incumplimientos graves, pólizas de cumplimiento falsas, empresas de papel, reglas poco claras para la administración del anticipo, etc.
Son varias, tan variadas y grotescas esas fallas que todavía me cuesta trabajo pensar que hayan ocurrido. Sin embargo, como al parecer sí ocurrieron, parece que no hay otra alternativa que concluir que las falencias de prevención de riesgos, de compliance público, son enormes.
Solo para ejemplificar, concentremos en el asunto de las pólizas. Suponiendo que es cierto que se presentó una póliza falsa, es casi circense que esto haya pasado. Sin dejar de reprochar a quienes hayan presentado el documento espurio, no encuentro justificación para que el Estado se haya dejado ‘timar’ de esa manera. ¿Acaso nadie tuvo la mínima diligencia de hacer una verificación de la póliza? ¿Ni siquiera llamaron al asegurador que aparecía en el documento para hacer un mínimo control? ¿El mapa de riesgos de corrupción del MinTIC no contemplaba este tipo de fraudes y sus respectivas medidas de mitigación? No vayamos a caer en la retórica de la presunción de buena fe.
Es simplemente absurdo, contrario a cualquier concepto de debida diligencia que se quiera proponer, que una póliza de un contrato de semejante cuantía no haya tenido ninguna confirmación sobre su legitimidad. Sin ninguna duda: la debida diligencia brilló por su ausencia.
No pretendo enjuiciar a nadie; no me corresponde. Busco que reflexionemos y tengamos un llamado de atención a fortalecer e, inclusive, a implementar, planes y programas de mitigación de riesgos de corrupción y fraudes que realmente sirvan.
Este escándalo de corrupción era completamente evitable si los controles hubieran funcionado. No veo que todo lo que ha pasado se deba sólo a posibles conductas dolosas de particulares; se debe, ante todo, a la existencia de instituciones públicas realmente débiles en su ‘compliance público’, lo que permite que les metan los dedos en la boca con suma facilidad, con consecuencias desastrosas para los recursos de todos los colombianos.
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