Uno de los errores conceptuales más comunes sobre la corrupción es que sólo consiste en apoderarse de dinero público y pagar sobornos. Por supuesto, existen modalidades de corrupción que van más allá de estas, las cuales son incluso fenómenos más sistemáticos y estructurales que la entrega de coimas y el robo de los recursos del Estado.
De esas formas de corrupción que pasan desapercibidas o, aún peor, se asumen como comportamientos aceptables, el cronismo y la corrupción legal son especialmente graves, sobre todo al combinarse. El cronismo consiste en que alguien con poder, servidor público o particular, nombra amigos o personas cercanas en posiciones relevantes dentro de cierta estructura institucional, sin tener en cuenta si cumplen con las capacidades necesarias para realizar las actividades que demanda el cargo. Por su parte, la llamada corrupción legal, aunque puede presentarse de varias formas, esencialmente consiste en aprovechar una posición de poder para modificar las normas, de tal manera que estas se ajusten a los intereses de quien las cambia e, inclusive, faciliten otros actos de corrupción.
Aunque no fenómenos exclusivos de Colombia, sí se han arraigado considerablemente en las estructuras de poder de nuestro país, tanto públicas como privadas, convirtiéndose en la antesala de situaciones reprochables mucho más visibles: obras mal ejecutadas, contratos asignados a quienes no están capacitados para hacerlo, escenarios de competencia desigual, debilidad institucional, incapacidad de ejecución e improvisación en la toma de decisiones, entre otros. En ese sentido, estas malas prácticas de gobierno en Colombia desde décadas atrás, sin mayor reproche institucional ni social. Es difícil no encontrar en cada gobierno de turno actos de cronismo y corrupción legal. Sin embargo, en el gobierno actual la combinación de estos dos fenómenos preocupa muchísimo. De forma especial, me refiero a las noticias, casi diarias, según las cuales el gobierno nacional modifica manuales de funciones, aligerando sin razón los requisitos para ocupar posiciones del Estado, con el objetivo de ubicar en estas a amigos o personas cercanas.
Digo que esto es especialmente preocupante porque este escenario indeseable, por decir lo menos, parece ser el resultado de la ausencia de tecnocracia disponible para acompañar al gobierno. Desde el inicio de éste ha llamada mucho la atención que el presidente contaba con muchos buenos propósitos y propuestas controversiales que valía la pena discutir y construir bajo las reglas del debate democrático, pero carecía de personas técnicas suficientes para poder llevar a cabo sus proyectos, estando rodeado sólo por personas con afinidad ideológica y, en algunos casos, de simples oportunistas que buscan puestos.
A diferencia de lo ocurrido en gobiernos anteriores, el día de la posesión presidencial en 2022 aún no había claridad de casi la mitad del gabinete ministerial. Una entidad técnica de gran importancia como el Invima todavía no ha tenido un director en propiedad, y en apenas año y medio de gobierno la rotación de ministros y viceministros ha sido muy alta en comparación con gobiernos pasados. Lamentablemente, la soledad técnica del gobernante de turno ha llevado a arraigar aun más las malas prácticas de cronismo y corrupción legal de los llamados gobernantes tradicionales que con acierto y ahínco tanto criticó. Ojalá el presidente se de cuenta de que esta situación incrementa el riesgo de que ocurran.
*Carlos Fernando Guerrero Osorio, abogado, consultor y docente universitario en temas de corrupción
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