La corrupción solo es exitosa si permanece en la sombra, si se guardan los secretos que conlleva su realización. Por eso, una herramienta imprescindible para combatirla es la denuncia, la posibilidad real de conocer los hechos y el camino para encontrar sus evidencias. De tantas iniciativas repetitivas, antitécnicas e, inclusive, populistas, que se proponen sobre el tema, una que realmente es muy útil es la motivación y protección a quienes reporten de forma sería hechos de corrupción.
En todos los eventos que he participado sobre buenas prácticas y corrupción, es común la pregunta sobre las garantías que tiene una persona si denuncia un hecho de corrupción que conoce y tiene como demostrarlo o dar buenas pistas sobre su ocurrencia; es evidente el miedo, el pavor completamente fundado que la gente siente de perder su empleo, de ser víctima de acoso laboral, de sufrir cualquier tipo de retaliación, incluso hasta de perder su vida o la de un ser querido, si denuncia un acto corrupto. Por eso, si no hay garantía de tranquilidad y motivación para denunciar la corrupción, las irregularidades quedarán en secreto, tal y como conviene a quién delinque.
A pesar de la permanente euforia colectiva por la lucha contra la corrupción, abrir el camino para conocer y tener información de primera mano sobre la corrupción, que es en últimas de lo que se trata proteger y premiar a quien se atreve con seriedad a denunciarla, este asunto no suele ser de mayor relevancia. Se ha dicho que el gobierno actual presentará un proyecto de ley al respecto. Sin embargo, es difícil pensar que será un asunto prioritario con una agenda política tan amplia y difusa como la que se ha propuesto el presidente en ejercicio. Si no se cuenta con buena información en la lucha anticorrupción porque quienes tienen información les da pánico denunciar y no ven ninguna ventaja al hacerlo, los pocos hechos de corrupción que se investigan y conocen públicamente serán siempre meramente anecdóticos, pero no se logrará un verdadero impacto sobre este grave flagelo.
Las cuestiones a resolver sobre el alcance de esa protección y remuneración deben ser: si aplica tanto para el sector público como el privado, qué recompensas se deben dar a los denunciantes y bajo qué presupuestos, cuándo y qué requisitos debe tener la denuncia para que quien la suscribe merezca protección, cuáles deben ser las herramientas de protección (fuero laboral temporal, reserva de identidad, etc.), idoneidad de las personas encargadas de cuidar la identidad de los denunciantes, entre otros aspectos. Por supuesto, para evitar que haya más denuncias temerarias e infundadas, deben contemplarse mecanismos sancionatorios y preventivos para evitarlas; el objetivo es que haya más denuncias de corrupción serias y fundadas, no que incautos busquen beneficios de protección de forma irregular.
En fin, esperemos, se creen herramientas con impacto real en la reducción de la corrupción y se expidan menos normas que dan más votos para las siguientes elecciones, pero no tienen ningún impacto real en la vida de las personas.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
