Reconozco que he sido un convencido -quizá muy terco- sobre las bondades de un sistema penal que permita fórmulas de negociación, principios de oportunidad y, en general, herramientas de terminación anticipada, en las que los delincuentes reciben tratos más benévolos a cambio de información, aceptación de los cargos, etc.
También he sido un defensor bastante ortodoxo del sistema judicial que venimos desarrollando en el mundo occidental desde hace siglos, manifestando que cualquier cambio debe aprovechar lo que se ha construido y no pretender crear todo desde el inicio.
Pues bien, últimamente he reflexionado mucho sobre este par de puntos. Aunque no puedo decir que me he convencido plenamente de cambiar estas ideas, sí tengo serias dudas de seguir reafirmándolas. Han ocurrido tantas situaciones en los últimos años, tan grotescas, tan absurdas e inexplicables, que necesariamente tienen que ponernos a pensar a quienes, como yo, hemos sido defensores continuos de la justicia premial y de construir reformas al sistema judicial sobre lo existente.
Para estas líneas me concentro en el reciente caso del Ministerio de las TIC y Centros Poblados, pero puntualmente en uno de sus protagonistas: el tristemente célebre Emilio Tapia. Es inconcebible que uno de los protagonistas de uno de los escándalos de corrupción más grotescos de la historia de Colombia, el llamado ‘Carrusel de la Contratación en Bogotá’, nuevamente sea centro de los titulares de estos días, y no por sus demostraciones de reintegración a la vida social o por ser un buen ejemplo de las bondades y funciones del sistema penal, sino por volver a aparecer enredado en un nuevo escenario de corrupción de proporciones descomunales. En fin, sobre este personaje creo que no vale la pena decir nada más.
El punto es que esta situación me sirve para exponer mis dudas: es difícil explicar que alguien que en el pasado se benefició de un trato condescendiente por parte del Estado -tuvo principio de oportunidad por testificar contra otros y rebajas punitivas- otra vez haga lo mismo; es una caricatura que alguien así vuelva a estar detenido por un nuevo escándalo de corrupción y que descaradamente vuelva a considerarse que brinde información a la administración de justicia para lograr beneficios.
Habrán varias normas y suficiente jurisprudencia para echarse un discurso que explique esto, pero no hay manera de sustentar esta situación de forma sensata ante la sociedad en general. Hay que reconocer que no estamos haciendo bien las cosas en nuestro sistema judicial, que quizá perdemos un montón de tiempo tramitando procesos que al final no contribuyen al cambio positivo en la sociedad -a reducir los delitos-, ni tampoco a la resocialización de los delincuentes.
Con alguien compartía estas ideas y me decía que este tipo de situaciones son de hace muchos años, o incluso de siempre. Otro me decía que es un problema universal, cuya principal manifestación es el alto índice de reincidencia de quien pasa por el sistema penal en la mayoría de los países del mundo -no solo en Colombia-. Yo diría entonces que tal vez es hora de reevaluar de fondo el sistema judicial; quizá es hora de partir de cero.
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