Las instituciones no están respondiendo de manera adecuada para resolver las controversias socio ambientales de los proyectos industriales, o la industria no está respondiendo a las necesidades de la sociedad, o la sociedad no está conforme con sus instituciones. Es decir, los mecanismos dispuestos por la organización del Estado para la correcta administración de una actividad y para preservar los derechos de las personas, no están resolviendo de manera adecuada los diversos intereses en juego. Las Cortes y las autoridades han dejado tras sus decisiones vencedores y vencidos, áreas y recursos sin tocar y explotar, reclamos al Estado, desgaste en esfuerzos, tiempos y capitales que se hubieran podido evitar.
Es fácil concluir que hay un problema evidenciado en la falta de coordinación horizontal y vertical en nuestra organización institucional, por la desarticulación entre entidades del sector central en cuanto a los criterios, principios y procedimientos bajo su responsabilidad frente a un mismo objetivo. Adicionalmente, falta entendimiento y visión entre autoridades nacionales y regionales, políticas y administrativas, que generan tropiezos al buen desarrollo de las funciones públicas y riesgos a los servidores públicos y a los particulares.
Una pregunta básica para tratar de entender el fondo del debate: ¿Queremos que persista el actual modelo para la industria extractiva?
La respuesta exige revisar si el país quiere continuar con el actual modelo y política en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables para nuestro abastecimiento y la para la obtención de rentas, con reglas para el correcto manejo de lo social y lo ambiental, para lo cual se invita a participar a inversionistas que estén dispuestos a asumir los riesgos.
¿El modelo y la política podrían ser distintos? Difícilmente podríamos renunciar al aprovechamiento del recurso propio para adquirirlo de otros países, o sustituirlo de tajo por energías renovables, cambiar los procesos industriales y asumir los costos de la sustitución de insumos, en donde eso sea posible. Exigiría diseñar un modelo y política que hoy no existe, que no se ha debatido ni querido por los más acérrimos opositores del actual esquema, incluyendo a la guerrilla.
En consecuencia, lo que parece más apropiado es una convivencia entre los intereses opuestos para permitir algún grado de extracción y de impactos sociales y ambientales, algún grado de beneficio económico en lo local y lo nacional, para las comunidades y las empresas, con el ajuste institucional correspondiente.
La discusión no puede ni debe ser, como en un juego de suma cero, el extremo de todo o nada, en donde lo que gane o pierda el inversionista o el gobierno central, lo pierda o lo gane la comunidad local o el medio ambiente, actuales o futuros. Los intereses en juego son y deben ser compartidos por todos, empezando por el desarrollo sostenible.
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