La situación del sistema de salud nos duele a todos

En mis más de 25 años de experiencia en el sector salud no había conocido una situación de crisis sistemática como la actual, en la que todos los actores están siendo gravemente afectados, muy particularmente los usuarios.

Los accionistas de algunas de las EPS más importantes y confiables del país, afectadas desde años atrás por la insuficiencia de los recursos que el Ministerio de Salud y Protección Social debe garantizarles, han tenido que tomar duras decisiones tendientes a desmontar la operación o liquidar sus empresas, o ver cómo ellas irremediablemente dejan de cumplir condiciones de habilitación y son intervenidas por el Gobierno Nacional, con duros efectos para ellos reputacionales y económicos, para quienes laboraban en tales empresas y, de nuevo, para los usuarios.

Los prestadores de servicios de salud, afectados por la cartera que nunca les fue reconocida por las EPS que fueron liquidadas por orden de la Superintendencia Nacional de Salud y por las demoras en el pago de la cartera corriente por parte de las EPS hoy intervenidas por la misma autoridad, no están pudiendo cubrir sus costos de operación —en algunos casos ni siquiera la nómina de sus empleados—, por lo que están tomando la decisión de cerrar sus servicios y, en casos cada vez más comunes, de cerrar definitivamente sus puertas.

Los proveedores de tecnologías, entre ellos los que comercializan medicamentos, afectados por la misma situación de cartera, por la lentitud de los trámites del INVIMA, por la política de fijación de precios del Estado y por la incertidumbre de cómo se garantizará el flujo de recursos, están también repensando el negocio y definiendo si continuar o no la operación en Colombia de uno o varios de sus productos.
Las entidades que ofrecen planes voluntarios, como pólizas de salud o planes de medicina prepagada, están evaluando el impacto financiero de lo que significaría que desaparecieran las EPS, así como revisando si es o no viable, bajo la óptica de lo que al parecer ha pretendido hacer el Gobierno Nacional, ofrecer nuevas coberturas y estructurar una red de prestación de servicios.

Los miles de trabajadores, que desde hace tiempo vienen comprometidos en mejorar procesos para ofrecer servicios de mejor calidad y oportunidad, sienten hoy cómo sus esfuerzos fueron en vano, quedándose además sin empleo.

Y, lo más importante del sistema, nosotros los colombianos, estamos ya sintiendo los efectos de las decisiones y de las omisiones del Gobierno Nacional por no garantizar el adecuado flujo de los recursos a todos los actores. Ante la falta de oportunidad en la asignación de citas, los pacientes están acudiendo a las salas de urgencias colapsando su capacidad de atención; lo propio están haciendo algunos de los que requieren servicios de alta complejidad cuya autorización no les es dada por su EPS; pacientes críticos no están siendo atendidos oportunamente, empeorando su condición, y en no pocos casos están teniendo que sacar de su bolsillo los recursos para comprar medicamentos o pagar tratamientos que antes les eran suministrados periódicamente, máxime en un escenario en el cual una dilución de responsabilidades bien los puede dejar sin a quien dirigirse, por ejemplo, mediante una tutela, para reclamar una atención adecuada y oportuna.

No olvidemos que estamos frente a dos derechos fundamentales, la salud y la vida, por lo que todas las autoridades y los que directa o indirectamente trabajamos en este sector, tenemos una responsabilidad enorme por sacarlo adelante, por el bien de nuestras familias y de la población.