César Barajas Ruiz
El presidente Gustavo Petro hace algunas semanas manifestó el interés de la nación en construir una pista aérea internacional en el norte de La Guajira. Muchos sectores consideran estas alocuciones simplemente como “ocurrencias” presidenciales. ¿Son realmente ocurrencias presidenciales? O por el contrario este tipo de proyectos son efectivamente realizables y pueden impactar positivamente el desarrollo de la región.
El gobierno del presidente Petro ha avanzado en la estructuración de distintos proyectos aeroportuarios. Uno de los más significativos es el proyecto del nuevo aeropuerto de Cartagena que se construiría en las inmediaciones de Bayunca. Según la ANI este proyecto se adjudicaría antes de terminar la administración actual.
El nuevo aeropuerto de Cartagena busca trasladar el actual terminal aéreo a una infraestructura moderna, eficiente y sostenible con la capacidad para atender el tráfico de viajeros y carga que demanda la región.
Este nuevo aeropuerto fortalecería el turismo en el Caribe colombiano, pero también podría posicionar a Cartagena y Barranquilla como los nuevos centros logísticos para las Américas debido a su ubicación geográfica estratégica.
Cartagena y Barranquilla están a no más de 5 o 6 horas de distancia vía aérea de las principales ciudades del continente y no tienen las restricciones operativas de carga de aeropuertos como El Dorado en Bogotá.
Siendo esto así, empresas multinacionales podrían ver con buenos ojos el establecimiento de centros de distribución en la región Caribe colombiana si contamos con la infraestructura física requerida para el desarrollo de operaciones logísticas.
Uno de los principales retos que enfrentan Cartagena y Barranquilla es la competencia con otros puertos en la región y las limitaciones en materia de infraestructura aeroportuaria, portuaria y vial, sin hablar de la ausencia de infraestructura férrea.
Durante muchos años el canal de Panamá ha sido el eje central del transporte en la región. Sin embargo, ha sufrido una reducción en el tráfico de embarcaciones en un 50% al cierre de 2023 con respecto a 2022, debido al calentamiento global que ha causado una disminución en el nivel de las aguas. Estos desafíos climáticos generan oportunidades para el surgimiento de rutas comerciales alternativas y nuevos centros logísticos en la región.
Esto puede favorecer la consolidación de puertos como Cartagena y Barranquilla. Para esto es fundamental la participación del sector privado en la estructuración, financiación, ejecución y operación de los proyectos de infraestructura de la región que busquen un equilibrio entre lo ambiental, social y económico.
Ahora bien, para asegurar la participación del sector privado se requiere un ambiente de negocios amigable, que incluya beneficios fiscales, estabilidad jurídica, protección a la inversión, entre otros temas.
Es fundamental asegurar que la inversión esté estructurada de una forma en que esta pueda acceder a la protección y los beneficios otorgados por los tratados bilaterales de inversión y los tratados de prevención de doble imposición suscritos por Colombia. Por supuesto, esta estructuración debe realizarse de manera estratégica y verificando el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de evitar caer en un uso indebido de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia.
De esta manera, es posible asegurar que la inversión se pueda materializar bajo estándares internacionalmente reconocidos que garantizan la seguridad jurídica, lo cual es esencial teniendo en cuenta el escenario de incertidumbre en el que se encuentra el país.
Las “ocurrencias” presidenciales son viables en la medida en que el país tenga un ambiente de negocios propicio que garantice la seguridad jurídica y los incentivos necesarios para la inversión. Todo es posible. Sin lugar a dudas, Colombia puede avanzar hacia el desarrollo de proyectos de infraestructura que contribuyan al crecimiento económico sostenible del país.
*César Barajas Ruiz, Director del área de derecho financiero y bancario de Parra Rodríguez Abogados
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