El cambio climático se ha convertido en un fenómeno de trascendencia para la sociedad moderna, al punto que dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad, frente a la cual todos debemos aportar a fin de ayudar a prevenir una catástrofe mundial. En este sentido, considero que el arbitraje puede ser una herramienta útil a la hora de resolver diferencias que puedan surgir de actos relacionados al cambio climático.
De antaño, los Estados han acordado ciertos compromisos tendientes a la transición energética. Compromisos contemplados principalmente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París, mediante el cual los Estados se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C; y, por último el Energy Charter Treaty (ECT), conocido como el tratado internacional más controversial cuyo objetivo fue la cooperación, seguridad y protección de la inversión extranjera en el sector energético.
Frente a este último, hay que advertir que es uno de los mayores fracasos frente a la problemática del cambio climático. Ciertamente, la mercantilización en la transición energética y la protección de la inversión extranjera por encima de la cooperación y los esfuerzos para implementar reales estrategias contra este fenómeno, han hecho que potencias mundiales hayan resuelto retirarse del tratado, es el caso de Francia, Alemania y Polonia en diciembre de 2023 y Reino Unido a inicios del 2024, lo cual deja un vacío político, económico y legal en la lucha contra el cambio climático.
Es de resaltar que este fenómeno no es impulsado únicamente en Europa, pues Latinoamérica ha abanderado esta lucha en países como Brasil, Costa Rica, Colombia y Chile, quienes han impulsado la revolución energética mediante sus políticas internas, con las cuales proponen la migración a energías limpias a partir de la descarbonización, limitando los usos de energía disponibles de recursos fósiles. Lo que traerá múltiples de demandas a futuro.
Ahora bien, para afrontar el problema del cambio climático se necesita más que tratados firmados. Por ello, es relevante el aporte público y privado, nacional e internacional, bajo la convicción de que, lo realmente trascendental es sumar esfuerzos para frenar un daño ambiental irreparable.
En atención a ello, desde el derecho es plausible proponer un foro especializado de resolución de conflictos, en este caso el arbitraje en materia ambiental, cuyo marco normativo sea acordado a partir de tratados multilaterales donde los Estados se comprometan a aportar al fenómeno descrito.
Pues, no se puede desconocer que para 2023 se presentaron en foros nacionales e internacionales, jurisdiccionales y arbitrales alrededor de 3000 demandas relacionadas con el cambio climático. Lo que lleva a pensar en la necesidad de contar desde el arbitraje con una especialidad ambiental, árbitros, funcionarios, peritos listados en centros que administren arbitrajes, que estén capacitados para llevar a cabo la resolución de controversias de esta naturaleza.
En efecto, el foco de la discusión no serán asuntos societarios, contractuales o comerciales, por el contrario, va mucho más allá de eso, al tratarse de la prevalencia de la aplicación de la protección y conservación del medio ambiente como necesidad de la supervivencia misma. Discusión más que abierta al debate y frente a la cual soy consciente que debe tratarse y analizarse desde múltiples perspectivas.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp