Seguridad jurídica en la industria de recursos naturales

Es preocupante el panorama actual de la exploración y producción de hidrocarburos en Colombia de cara a las contiendas electorales que se avecinan. En el afán de conseguir la aprobación requerida, ciertos candidatos amenazan con eliminar, de la noche a la mañana, una de las actividades que más recursos le inyectan a las finanzas nacionales. Parece haber un desconocimiento total no solo de lo que la industria hidrocarburífera aporta al país, sino de cómo funciona la economía colombiana. Desincentivar hoy la inversión en el desarrollo de hidrocarburos (petróleo y gas) a través de campañas de desinformación cercena los esfuerzos de política pública y regulatorios que se han venido implementado en el país, además de la necesaria reactivación económica que el sector ofrece, particularmente a las regiones apartadas donde se desarrolla la actividad.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha trabajado buscando incentivar la inversión por medio de la exploración y posterior producción de hidrocarburos. Esto conlleva a posibles descubrimientos de gas y petróleo, que permitían continuar con su independencia energética, y manteniendo los precios de ciertos servicios públicos tales como el gas. La ANH se encuentra próxima a lanzar la Ronda Colombia 2021, la cual consiste en ofrecer a inversionistas ciertas áreas previamente seleccionadas por la Agencia, en donde se permita ambiental y socialmente la exploración de recursos naturales en el país. Para ello se han incluido modificaciones al Acuerdo 2 de 2017 expedido por la ANH y se han expedido Términos de Referencia (última actualización Adenda 25 del 23 de noviembre), adaptados a la realidad actual del país, buscando precisamente que la actividad se realice en simbiosis con las normas ambientales que existen sobre la materia.

Más que una prohibición a la realización de actividades en el sector de hidrocarburos, se debe propender por la correcta integración normativa para que en efecto las normas sean integrales desde un punto de vista social y ambiental. No se debe olvidar lo sucedido en países como Francia con el movimiento social de protesta “chalecos amarillos” en 2018, donde se protestó contra el alza en el precio de los combustibles.

Prohibir de manera abrupta el desarrollo de los recursos naturales afecta la seguridad y producción local de petróleo y gas, provocando la importación de estos y aumentando consecuentemente las tarifas en el precio del combustible y los servicios públicos como el gas y la energía eléctrica, que en épocas de sequía requiere de los hidrocarburos para su generación. En adición, no se pueden obviar las consecuencias negativas generadas por la inseguridad jurídica que puede derivar de incumplimientos contractuales para el desarrollo de hidrocarburos por su prohibición, impactando el ya afectado grado de inversión que tiene el país.

Si bien se entiende que debe haber una transición energética, esta debe ser paulatina y responsable. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya ha avanzado en ello con la radicación del Proyecto de Ley “Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones“. El proyecto busca implementar instrumentos para alcanzar carbono neutralidad y resiliencia climática. Así, se invita a lograr la transición energética sin generar traumatismos, y sin utilizar la bandera de la “prohibición de la actividad” como impulso de campañas políticas.