Crisis de Recaudo: Incentivos y Desafíos Estatales

En la administración pública, la relación entre los funcionarios y el gobierno es fundamental para garantizar la eficiencia y efectividad del Estado. De acuerdo con la teoría de agencia clásica (Jensen & Meckling, 1976), en toda operación donde los intereses económicos del principal (el Gobierno) son administrados por un agente (un funcionario o contratista), inevitablemente existen conflictos de interés que están directamente relacionados con las asimetrías de información entre el agente y el principal, la selección adversa, el riesgo moral, entre otros.

Aplicando la teoría de agencia, la relación entre el principal y su agente está sujeta a diversos desafíos, especialmente en términos de comunicación y la creación de incentivos adecuados. En Colombia, hemos visto cómo estos problemas pueden llevar a resultados contraproducentes, afectando negativamente la correcta administración de los recursos públicos.

El Estado colombiano enfrenta una situación de bajo recaudo, que ha sido una preocupación persistente de este gobierno (Según informó el CARF en mayo de 2024). Recientemente, hemos conocido la decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de realizar un recorte presupuestal de $20 billones.

En este contexto, los funcionarios, motivados por metas de corto plazo y bajo la presión de demostrar resultados, podrían recurrir a mecanismos que, aunque legales, podrían no ser los más eficientes o adecuados para la recaudación de fondos. Siguiendo la teoría de James Buchanan del Public Choice, muchos funcionarios, al igual que cualquier otro individuo, buscan maximizar su utilidad personal. Este comportamiento puede llevarlos, por ejemplo, a priorizar la imposición de sanciones administrativas como una fuente de ingresos rápida y visible. Las multas y sanciones, aunque necesarias para mantener el orden y el cumplimiento de la ley, no deben desnaturalizarse para convertirse en un medio de recaudo. Esta práctica no solo genera un ambiente de desconfianza y tensión entre el Estado y sus administrados, sino que también desvía la atención de estrategias más sostenibles y equitativas para aumentar los ingresos del Estado y buscar eficiencias en su funcionamiento.

La creación de incentivos adecuados es crucial para alinear los intereses de los funcionarios con los objetivos a largo plazo del gobierno (Jan-Erik Lane, 2005). En lugar de enfocarse en la búsqueda de una recaudación apresurada y recortes obligatorios, los incentivos deben promover la eficiencia y la innovación en la administración pública.

Además, una comunicación clara y efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y los funcionarios es esencial. Los objetivos y las estrategias deben ser formulados de manera tal que las estimaciones y recortes presupuestales sigan la senda de la sostenibilidad fiscal que manda la Constitución (Art. 334). La falta de comunicación puede llevar a malentendidos y a la implementación de medidas improvisadas que, aunque bien intencionadas, terminan siendo ineficaces, inconstitucionales o contraproducentes.

En conclusión, la relación de agencia entre los funcionarios y el gobierno debe ser gestionada cuidadosamente para evitar problemas de conflictos de interés que afecten negativamente la trasparencia y eficiencia de la función pública. En mi opinión, es hora de que el gobierno, haciendo uso del artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto -el cual permite reducir las apropiaciones presupuestales-, corrija los errores pasados y enfoque de manera eficientes los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones y promover el crecimiento de la economía colombiana.

*Daniela Devia Romero, Abogada y Economista Asociada Palacios Lleras