El Programa para la Protección a la Libre Competencia que promueve la SIC

El Compliance ha venido irrumpiendo en la esfera normativa y ética de las organizaciones a través de diferentes programas de cumplimiento exigidos y promovidos por las distintas superintendencias de Colombia; por estos días el protagonista y debutante es el programa de Protección a la Libre Competencia Económica –PLCE- con base en la NTC 6378 de 2020 que le ha dado la bienvenida a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- al universo Compliance.

La SIC inicia este reto con el respaldo de su experiencia en la exigencia del cumplimiento normativo y su récord en investigaciones y sanciones por abusos de posición dominante, carteles, actos restrictivos de la competencia y violación al régimen de integraciones empresariales, pergaminos que le dan el kilometraje para pronosticarle éxito con su nueva dirección de cumplimiento.

Las organizaciones tienen su propio reto porque el PLCE no jugará un papel cosmético en el objetivo de hacer del mercado un lugar más ético y funcional. Así se puede concluir luego de recientes decisiones de la SIC en las cuales ha aceptado a los PLCE en ofrecimiento de garantías; los ha incluido como orden administrativa en el marco de una sanción o incluso los ha impulsado a través de invitaciones y sugerencias a empresas para que de manera voluntaria y aún sin incurrir en prácticas restrictivas los implementen cuando la autoridad ha identificado algún riesgo de su materialización en sintonía con su nuevo modelo de inspección, control y vigilancia basado en la gestión de riesgos.

Los PLCE adoptados de manera consciente tienen la vocación de impactar positivamente la producción y el consumo de bienes y servicios. De un lado, los proveedores, productores y comercializadores pueden penetrar los mercados de manera más segura y rentable gracias a la implementación de buenas prácticas empresariales que generen eficiencias, les ayudará a desarrollar los mercados, blindar las empresas de multimillonarias multas, potenciar su prestigio y evitar lesiones a veces irreparables de su reputación de las que muchas organizaciones nunca logran recuperarse por defraudar el mercado de manera dolosa debido a la implementación de culturas competitivas reprochables o incluso, en más casos de los que se cree, de manera culposa, por desconocimiento de las reglas, normas y principios de la libre competencia económica.

De otro lado, los PLCE pueden transferir beneficios a los consumidores como razón de ser de una economía de mercado a quienes una verdadera rivalidad y espíritu competitivo entre marcas o entre competidores de la misma marca, les garantiza el derecho a escoger libremente entre productos seguros, idóneos y de calidad que a su vez sean similares y sustitutos llevados al mercado por empresas cuyo propósito además del lucro económico, sea llegar con precios justos al corazón y al bolsillo de los consumidores.

La libre competencia es un derecho colectivo que debemos proteger hoy más que nunca ante la proliferación de cuestionamientos sobre su validez por parte de algunos sectores estatistas y planificadores de la economía. Por eso, los PLCE están llamados a ser una respuesta oportuna sobre la vigencia de una economía liberal basada en la ética empresarial y la autorregulación que tienda puentes hacía el objetivo de seguir construyendo un capitalismo justo, incluyente y responsable.