Fue en marzo de 2021 cuando por cuenta de la pandemia del covid-19 los colombianos entramos en un confinamiento obligatorio, surgiendo entonces la preocupación por cómo iba a funcionar la justicia si todos los agentes estaban -literalmente- encerrados. Fue entonces, cuando la mística, el sentido de pertenencia y la genuina convicción por la importancia que tiene para nuestra democracia la administración de justicia, afloraron, y nuestros servidores judiciales, amparados en las disposiciones de un valiente y visionario Consejo Superior de la Judicatura, que supo estar a la altura de las circunstancias, recurrieron a la creatividad para que la justicia no parara. Magistrados, fiscales, jueces y funcionarios de todos los juzgados del país echaron mano de la tecnología y desde entonces nuestra justicia dio un salto de 200 años y se puso al compás del siglo XXI.
Hoy, se realizan más audiencias que aquellas que se hacían en los detestables tiempos de las filas, autenticaciones, instalaciones contrarias a la dignidad y los ascensores caídos, con un ahorro significativo en tiempo y recursos para todos los colombianos y una mejor calidad de vida. Pensemos que en solamente los servicios públicos del complejo judicial de Paloquemao, que no es propiamente uno de los más concurridos, nos estamos ahorrando más de $500 millones mensuales. Los ciudadanos, por su parte, se ahorran los costos de fotocopiado, desplazamientos, viáticos, y ven cómo finalmente sus procesos avanzan de manera fluida. Como si ello no fuera suficiente, hay que considerar la salvaguarda de medio ambiente que se veía seriamente amenazado por cuenta de las toneladas de papel que se empleaban en los despachos judiciales, y, por sobre todo, la forma en que la virtualidad ha mejorado la calidad de vida de todos quienes intervenimos en los quehaceres de darle a cada cual lo que se merece. Como democracia, el poder judicial debe actuar de frente a la ciudadanía, lo cual claramente es imposible cuando las audiencias se hacen a puerta cerrada, y hoy es una realidad, como lo demuestran las 153.000 personas que vieron una diligencia de imputación de cargos en un proceso de connotación nacional. En últimas, se trata de una justicia eficiente, una mejor prestación del servicio, a un menor costo y ello debería ser suficiente motivo como para ni siquiera pensar en un regreso a la presencialidad.
Por supuesto que hay serios desafíos, la Rama Judicial debe contar con sus propias plataformas tecnológicas para evitar la frustración de las diligencias, hay que avanzar en el acceso al internet y en la alfabetización digital de los usuarios, mejorar en los tiempos de respuesta a las peticiones, y, sobre todo, generar reglas claras en punto de los horarios laborales, pues es un hecho que hoy en día es un reto compaginar la vida profesional con la personal y la familiar.
A pesar de los grandes avances que la virtualidad en la justicia ha generado hay voces que se resisten al cambio y quieren que las puertas de los juzgados y tribunales se reabran. Creo que en ello confluyen muchos factores, comenzando por lo difícil que resulta asumir un cambio generacional y modificar unas prácticas siguiendo los intereses de quienes devengan grandes sumas de dinero por cuenta del funcionamiento de la justicia, y aquellos que prefieren los despachos a puerta cerrada y las audiencias frustradas.
Hoy más que nunca tenemos que unirnos, los ciudadanos, los administradores de justicia y los sectores económicos, para pedirle a nuestras autoridades que mantengan la virtualidad en la justicia. Se trata, ni más ni menos, de un regreso de más de 200 años, una verdadera máquina del tiempo hacia el siglo XIX.
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