El lado oscuro de las ventas en línea

A Temu, una plataforma de comercio electrónico de rápido crecimiento, le llegó el turno del escrutinio. La Comisión Europea (CE), inició una investigación para determinar si ese portal había quebrantado la Ley de Servicios Digitales (DSA,) norma que busca garantizar un entorno digital seguro y transparente, brindando protección tanto a los usuarios como al mercado.

La actuación se inició tras recibir quejas relacionadas con la omisión por parte de Temu para adoptar medidas tendientes a prevenir, en su plataforma, la venta de productos ilegales y peligrosos, como, por ejemplo, medicamentos sin prescripción médica y otros bienes que no cumplen con los reglamentos de seguridad, calidad y etiquetado establecidos por las autoridades competentes.

La ausencia de filtros adecuados para la venta de productos ilegales o peligrosos puede comprometer la seguridad de los consumidores y generar situaciones de competencia desleal. Los vendedores que incumplen con los estándares y normas locales pueden ofrecer productos a precios más bajos, lo que afecta la calidad o seguridad y perjudica a los competidores que cumplen con la normativa local.
La investigación a Temu plantea un debate crucial sobre la efectividad de las regulaciones de protección al consumidor en un contexto global, donde las plataformas digitales pueden eludir regulaciones locales con estrategias transnacionales.

En Colombia, existen algunas herramientas legales nacionales e internacionales a las que podría acudirse para regular estas plataformas. Entre los instrumentos relevantes, destacan los Tratados de Libre Comercio (TLC) que incluyen disposiciones sobre comercio electrónico.

En concreto el artículo 15.5 del tratado celebrado con EE. UU establece que las partes mantendrán y adoptaran medidas transparentes y efectivas para proteger al consumidor de prácticas fraudulentas y engañosas, cuando realizan transacciones de comercio electrónico, y estipula el deber de cooperación mutua, entre las agencias de protección al consumidor, en las actividades relacionadas con el comercio electrónico trasfronterizo.

No obstante, estas disposiciones deben de aterrizarse para garantizar su efectividad lo que requiere de acciones más ágiles y eficaces.

Por ejemplo, Estados Unidos aplica estrictos controles aduaneros para asegurar que los productos importados al país cumplan con normativas locales.

Colombia también podría adoptar controles aduaneros más rigurosos sobre los envíos postales exentos de aranceles e IVA, y en especial sobre aquellos provenientes de plataformas de comercio electrónico como Temu, para garantizar la seguridad de los consumidores.

Lo anterior en consideración a las investigaciones de la Comisión Europea, que han identificado el riesgo de ingreso de productos fuera de estándares legales o sanitarios.

Bajo esta premisa, la Dirección Operativa de Aduanas podría no sólo fortalecer la fiscalización de los paquetes postales, sino también establecer mecanismos de perfilamiento para detectar patrones de riesgo específicos en los envíos relacionados con plataformas que promuevan el comercio de bienes ilegales y peligrosos y ordenar la revisión estricta y exhaustiva de todos los envíos postales cuyo remitente sean este tipo de plataformas.

Podría incluso ser útil solicitar la colaboración de Interpol, para coordinar acciones internacionales contra las redes de comercio ilegal, lo que incluye el intercambio de información, la realización de investigaciones conjuntas y la emisión de alertas, como notificaciones rojas, para abordar delitos transnacionales, como lo es el tráfico de estos productos ilegales.