La agonía del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La retórica y los discursos grandilocuentes que estamos cansados de escuchar, parecen ir en contravía de la realidad y de las verdaderas prioridades de los dirigentes, en lo que se refiere a la integración andina, que al parecer va a terminar sumida en el olvido.

El 8 de julio de este año se realizó el XX Consejo Presidencial Andino, en el que los Jefes de Estado renovaron su “más alto compromiso para que el Proceso de Integración Andino siga fortaleciéndose…” y manifestaron “La necesidad de que los países miembros realicen los esfuerzos necesarios para finalizar los compromisos derivados del Proceso de Reingeniería la CAN, particularmente sobre la reforma del sistema andino de solución de controversias y el Tribunal Andino de Justicia…”

Sin embargo, transcurrido apenas un mes de esas proclamas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha entrado en cuidados intensivos porque los países no han pagado los aportes obligatorios, que se requieren para su funcionamiento. La suma total que adeudan sus miembros asciende a US$833.456,43.

Según informó el Tribunal, en un llamado de auxilio dirigido a los presidentes de los países de la Comunidad en el que los exhorta angustiosamente a cumplir con sus obligaciones, la gravedad de esta insólita situación es de tal magnitud que únicamente cuenta con recursos para cubrir sus obligaciones laborales y gastos institucionales hasta agosto de este año.
Lo peor, es que debido a la falta de pago del alquiler de la sede donde funciona, su desalojo es inminente.

A Ecuador le corresponde sufragar el pago de este alquiler, pero ese Gobierno no ha cumplido con su obligación desde octubre de 2019, razón por la cual, el Tribunal se vio obligado a cubrir esos instalamentos, pero sólo lo pudo hacer hasta el mes de mayo del presente año, es decir, que ya debe tres meses de arriendo.

La crisis financiera se debe, entre otras causas, a que el presupuesto del Tribunal fue congelado desde el año 2008 y en la actualidad no alcanza para cubrir sus costos operativos. A lo anterior se suma que la inflación en el Ecuador llegó este año al 43,59%.

Además de plantear la necesidad de actualizar su presupuesto, el órgano judicial comunitario ha hecho varias propuestas al Consejo Andino de Ministros para incrementar sus ingresos, como por ejemplo, el cobro de derechos de trámite de los procesos, pero no le han parado bolas.
Llegó la hora de que los países decidan lo que quieren realmente hacer con la Comunidad Andina. Dejarla abandonada a su suerte no puede ser una opción. De ahí que mientras se ponen de acuerdo, es al menos de esperar que cumplan con sus compromisos.

De hecho, si el tribunal dejara de funcionar, se podrían presentar situaciones sin salida que traerían una grave incertidumbre jurídica, especialmente en los litigios relacionados con las marcas y patentes, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros sectores. No hay que olvidar que la ley comunitaria se aplica con prevalencia sobre la ley nacional y que el Consejo de Estado debe solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal en los procesos que involucren la aplicación de la ley comunitaria.

Colombia acaba de asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad. Ello representa una oportunidad para qué asuma el liderazgo e impulse y promueva las reformas en torno la nueva arquitectura que la integración necesita.

En el entretanto, tiene la prioritaria y urgente tarea de evitar que todo este proceso se convierta en una integración menesterosa y vergonzante.