Gabriel Ibarra Pardo
Recientemente, circuló en redes sociales una publicación de un usuario según la cual la Corte Suprema de Estados Unidos falló una demanda a favor del candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. (sobrino de John F Kennedy), quien arguyó que las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 eran "terapias genéticas" que ocasionaban un daño irreparable la salud.
La noticia, que generó gran revuelo, resultó ser un “fake news” y ha sido desmentida por fuentes confiables como Associated Press y la BBC, entre otros. De acuerdo con Univisión el proceso ni siquiera existió.
La desinformación constituye uno de los elementos más dañinos dentro del ecosistema de las redes sociales, y su alcance y potencial destructivo van en aumento día tras día. Según un estudio realizado por Demandsage, se ha descubierto que, a nivel mundial, el 86% de las personas han sido expuestas al menos una vez a noticias falsas.
Por su parte, una investigación del MIT (2018) encontró que este tipo de noticias se difunden más rápido y llegan a más personas que las verdaderas en redes sociales como X. Las falsas se retuitean un 70% más que las ciertas.
El problema radica en que los algoritmos de estas plataformas priorizan el contenido que genera mayor interacción porque favorecen las noticias sensacionalistas que atraen más clics.
En el año 2018, un artículo (The Science of Fake News) elaborado por 16 académicos identificó que la proliferación de la desinformación, en esta época, es propiciada por la ausencia de los controles editoriales que históricamente garantizaron la veracidad de la información y que eran característicos de la prensa, radio y televisión.
El documento concluye que la inmediatez y accesibilidad de las redes sociales permiten que cualquier individuo comparta información con una audiencia global, sin ningún tipo de filtro o control, y sin el rol tradicional de los medios como intermediarios y sus respectivos protocolos de verificación.
El caso de la noticia falsa sobre las vacunas es especialmente grave porque, además de atentar contra el derecho a la información, puede lesionar de manera grave la salud pública, por cuanto ella está dirigida a generar un sentimiento generalizado de aprehensión contra las vacunas que, por cierto, jugaron un papel determinante en la superación de la pandemia.
En el año 2021 fue el propio Kennedy el que difundió información engañosa cuando, en una reunión con representantes de Luisiana, asevero que la vacuna contra el Covid era “la vacuna más mortal jamás producida” y que esta había causado más fallecimientos, en ocho meses, que los ocasionados por otras 72 vacunas en los últimos treinta años (Politifact).
La candidatura presidencial de Kennedy ha generado fundadas preocupaciones, entre los defensores de la salud pública, por el impacto que puede tener su campaña en la percepción de la ciudadanía respecto de la vacunación.
Pero el tema va más allá de la salud pública. La desinformación se ha venido utilizando como herramienta en las campañas políticas y puede influir de manera determinante en las elecciones. Así, un estudio de la Universidad de Oxford encontró que el 35% de los ciudadanos de Estados Unidos admitieron haber cambiado su voto basado en noticias falsas.
Estas cifras son escalofriantes y se ignora si se ha realizado alguna investigación que analice cuantos de estos casos quedan en la impunidad.
El anterior es otro ejemplo que muestra, de manera clara, como el marco legal se ha quedado rezagado ante las dinámicas propias de las nuevas tecnologías.
La UNESCO ha sugerido establecer políticas de alfabetización en medios, una tarea nada sencilla. También es aconsejable que la gente compruebe la fuente de la información difundida en redes sociales.
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