El pasado 9 de agosto el presidente Biden aprobó el Chips and Science Act de 2022, que destina alrededor de US$280 billones a lograr la autosuficiencia del país en el sector de los semiconductores, a través de inversiones en el sector tecnológico y la entrega de subsidios a empresas fabricantes de semiconductores. Así, una parte importante de esos fondos se entregará como subsidios a empresas nacionales y extranjeras para construir instalaciones, en EE.UU., dedicadas a la producción de microchips.
Sin embargo, esas ayudas están condicionadas a que los beneficiarios restrinjan las exportaciones hacia China.
Según el United States Studies Center, esta ley es resultado de la preocupación, del gobierno estadounidense, por la dependencia de ese país de los semiconductores o microchips producidos por otros Estados, como Taiwan, Corea del Sur, Japón y, especialmente, China, para suplir su propia demanda.
EE.UU. se especializa en el diseño de microchips y China en su manufactura, lo que significa que dependen el uno del otro para fabricar o adquirir el producto final.
Hoy en día los microchips son indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. Así, ellos se requieren en la producción de computadores, celulares, automóviles y hasta electrodomésticos.
Según el United States Studies Center, EE.UU. solo produce 12% de los semiconductores que se comercializan en el mundo y gran parte de los microchips que importa ese país vienen de China y Taiwan.
Además, a EE.UU. no solo parece interesarle el uso civil de estos productos, sino que su ansiedad por la autosuficiencia radica en sus usos militares, lo que convierte a los semiconductores en asunto estratégico y de seguridad nacional.
De acuerdo con el centro de estudios mencionado, uno de los grandes temores del gobierno estadounidense es que China decida cortarle los suministros de estos productos.
Los subsidios y ayudas creados por la Chips and Science Act no están exentos de preocupaciones, particularmente desde la órbita del impacto que pudieran tener en la oferta de semiconductores a nivel mundial.
De acuerdo con el Mind Matters News, por ejemplo, la intención de Tsmc, la mayor empresa fabricante de microchips de Taiwan, de utilizar los subsidios de la nueva ley para construir instalaciones en EE.UU. llevaría a que la relación comercial existente entre Tsmc y el gobierno chino cambie de manera sustancial. Esto, en tanto esta empresa tendría que restringir sus exportaciones a territorio chino y, como este país depende de las exportaciones Tsmc, para manufacturar los semiconductores, el gobierno de EE.UU. está interesado en restringirlas a través de la implementación de esta ley.
En consecuencia, es claro que EE.UU. pretende concentrar la producción y comercialización de semiconductores en su territorio, atrayendo la participación de grandes empresas de otros países que no provengan de China y que acepten la condición de restringir sus transacciones con el gigante asiático, a cambio de las ayudas y subsidios ofrecidos.
No obstante, esta política no está exenta de riesgos, puesto que China podría adoptar una contramedida igual de agresiva, además de que su éxito a largo plazo depende de que las empresas de otros países efectivamente decidan acogerse a las condiciones que plantea la nueva ley.
En la actualidad la demanda de semiconductores sigue en aumento y se prevé que la oferta no será suficiente para cubrir las necesidades actuales.
Así que la perspectiva para los demás países, que no son protagonistas de esta pelea, incluyendo Colombia, es bastante sombría. No hay que olvidar que cuando los elefantes pelean las que mueren son las hormigas.
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