Gabriel Ibarra Pardo
En 1998 la Organización Mundial del Comercio (OMC) expidió la Declaración de Comercio Electrónico que reconoció el crecimiento global de las operaciones digitales, y propuso establecer un Programa de Trabajo sobre el tema, para examinar posibles regulaciones.
Adicionalmente, dispuso que los Miembros continuarían con la práctica de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas y que esta decisión se prorrogaría por consenso teniendo en cuenta los progresos alcanzados en el Programa de Trabajo.
La moratoria no aplica a los bienes comprados y pagados de manera electrónica, pero que son entregados físicamente.
A partir de la declaración, la OMC ha extendido esa decisión, sucesivamente en cada Conferencia Ministerial y esa práctica ha sido denominada como “la moratoria sobre las transmisiones electrónicas” (moratoria).
La última fue acordada en la Doceava Conferencia Ministerial celebrada en junio 2022, y fue extendida hasta el siguiente de esos encuentros, que se llevará a cabo en febrero de 2024.
Los miembros de la OMC acordaron intensificar las discusiones acerca de la moratoria, particularmente sobre su alcance y la definición del concepto de “transmisiones electrónicas”, a efectos de llevar a cabo un debate informado acerca de la decisión de renovar o no esta figura en la Treceava Conferencia Ministerial.
A raíz de ese compromiso, se han llevado a cabo diferentes sesiones de trabajo en las que países, como la India y Sudáfrica, han manifestado que la moratoria debe suspenderse.
Alegan que cuando se expidió la moratoria, la economía digital se encontraba en su etapa inicial y no existía certeza acerca de si el comercio se transformaría alrededor de los avances digitales. Sostienen que esa realidad ha cambiado toda vez que, en la actualidad, ya es claro que la moratoria ha privado a los Estados de implementar aranceles sobre estas transmisiones, lo que impide que los gobiernos puedan apoyar a las industrias nacientes nacionales además de que se han sacrificado ingresos arancelarios que son cruciales para los países en desarrollo.
Estos argumentos resultan bastante cuestionables, toda vez que los tributos aduaneros tienen una finalidad extrafiscal, como es la de servir de instrumento de intervención del estado en la economía y para determinar el comportamiento de los agentes económicos. La utilización de los aranceles como fuente de recursos fiscales puede convertirse en un serio gravamen al desarrollo económico de estos países.
De otra parte, es menester considerar que las transmisiones involucran bienes intangibles, que no cruzan físicamente las aduanas y por consiguiente la aplicación de aranceles a estas transacciones desconocería los parámetros que tradicionalmente han regido el comercio de las mercancías.
Un reporte realizado por la OCDE, en octubre de 2023, concluyó que el mantenimiento de la moratoria conlleva múltiples beneficios, como la reducción de costos comerciales y la competitividad de las exportaciones, además de que contribuye al bienestar del consumidor.
El hecho de que la moratoria se haya prolongado desde 1998, se debe a la imposibilidad de acordar una definición de “transmisión electrónica” al interior de la OMC.
La Cámara de Comercio Internacional, ha expresado que estas transacciones involucran aquellas que se realizan por medios digitales, como libros o música.
La moratoria es respaldada por la Unión Europea, el Reino Unido y E.E.U.U., quienes argumentan que esta es crucial para los países que desean atraer capital extranjero.
Por el momento, todo parece indicar que las desventajas de acabar con la moratoria pueden ser, de lejos, mayores que los beneficios que se derivan de mantenerla.
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