¡Se nos acabó el oxígeno!

Si se trata de actuar con responsabilidad, con respeto por la vida y por los derechos humanos hay que denunciar y repetir que por causa del paro y de las movilizaciones, durante la última semana hemos superado, día tras día, los máximos históricos de casos nuevos y de muertes por covid-19 en Colombia. Pasamos de promedios de 500 a 600 muertes diarias y el de nuevos contagios ya pasa de 25.000.

Es la peor tragedia de todos los tiempos en el país. Nos acercamos a 100.000 muertos, el sistema de salud está colapsado, la ocupación de las UCI al tope en varias ciudades y algo peor: aunque los sindicatos y los radicales de izquierda pretendan silenciarlo, Colombia está ahora en la lista de los 19 países del mundo que padecen crónica escasez de oxígeno por causa de la pandemia. Por ello, todos los días y a todas horas mueren asfixiadas personas de todas las edades.

La industria local sólo está en capacidad de proporcionar 450.000 metros cúbicos de oxígeno diariamente, que es menos de dos tercios de lo que se necesita para atender la demanda lo cual deja sin atención a muchas personas y al personal médico en la dramática obligación de clasificar a los pacientes de covid-19 que pueden acceder al oxígeno disponible. Por eso la comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud emitieron un “llamado a las autoridades en salud y a los ciudadanos en general a anteponer la vida sobre cualquier consideración social, política o económica que agudice la crisis de salud”.

La perversidad, mezquindad y el completo desprecio por la vida de quienes lideran los desórdenes, quedaron más que comprobadas. Salieron a flote, por ejemplo, en un video de Nelson Alarcón, líder de Fecode y miembro del comité del paro, quien manifiesta que las que adelantan son actividades “largo aliento”, que tienen como objetivo la toma del poder en 2022 “para derrotar a la derecha y para derrotar al uribismo”.

La muerte y la enfermedad no perdonan. Congregar gente en pandemia es a todas luces un acto criminal. Muchos de los participantes de las marchas, especialmente algunos jóvenes, ahora son víctimas de enfermedad o muerte por covid-19 y contaminaron a sus familias. La pesadilla seguirá hasta que no se logren descongestionar los servicios de salud y regularizar los suministros de oxígeno.

Debieran, los organizadores y promotores del paro, estar más bien desvelados por todos los delitos, perpetuados en el marco de las manifestaciones promovidas por ellos entre los que se pueden mencionar el de asonada (artículo 469), agiotaje (artículo 301), perturbación en servicio de transporte público (artículo 353), empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas (artículo 358), pánico económico (artículo 355), terrorismo (artículo 343), violación de medidas sanitarias (artículo 368), propagación de epidemia (artículo 369), incendio (artículo 350), violencia contra servidor público (artículo 429), concierto para delinquir (artículo 340), constreñimiento ilegal (artículo182), extorsión (artículo 244), violación de la libertad de trabajo, (artículo 198), sabotaje (artículo 199). Todo esto además de los homicidios, lesiones personales, secuestros y los otros desmanes que ha cometido la turba enardecida y en los cuales al parecer no reparó en su visita la Cidh.

El daño es de tal dimensión y gravedad que frente al mismo resulta irrelevante el cambio de dirección y que ahora llamen a suspender las movilizaciones. Pasarán meses y años antes de que podamos remediar las consecuencias económicas y en vidas humanas de lo que hicieron, frente a la cuales no pueden evadir su responsabilidad.