Por disposición legal, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) debe elaborar cada dos años un informe global sobre el trabajo infantil, que contiene la lista de países y productos en los que se ha detectado uso de mano de obra infantil, esto es, con violación de los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo del informe es dar una alerta mundial a todos los actores interesados en el asunto, tales como gobiernos, activistas, sindicalistas, consumidores exigentes con el respeto a los derechos humanos por parte de gobiernos y empresas, para darles a conocer la realidad de este delicado problema.
Lamentablemente Colombia viene apareciendo en él. Se señala, a manera de ejemplo, que nuestro café es uno de esos productos obtenidos en contravención de los citados instrumentos de la OIT, ambos ratificados por nuestro país, en lo que constituye la más seria estigmatización de esta industria a nivel global, con todos los riesgos reputacionales y de negocios que ello implica, y sin que se atenúe por el hecho de llevar varios años apareciendo en el mismo, lo cual, por el contrario, podría conducir a una mayor indignación. El riesgo más grave que subyace es el de un boicot contra nuestra exportación estrella.
Pero el informe no cuenta toda la historia y pasa por alto elementos claves de los convenios de la OIT sobre la materia, que de ser considerados deberían permitir al USDOL una perspectiva diferente de la realidad de la caficultura colombiana, suficiente para considerar seriamente el retiro de esta noble actividad de tan nefando listado. Esta tarea debería ser el soporte de una muy intensa y bien estructurada gestión ante el USDOL antes que ocurra un boicot que no traería más que problemas delicadísimos para el sector, algunos de ellos, como los reputacionales, con efectos particularmente dolorosos y prolongados en el tiempo.
Hace unos años, bajo la batuta del entonces gerente de la Federación, el doctor Luis Genaro Muñoz, se impulsaron una serie de gestiones en tal sentido ante el MinTrabajo, que trajeron como consecuencia la expedición de la Resolución número 1796 de 2018 que introdujo modificaciones a la normatividad colombiana en materia de trabajos peligrosos para los menores, con lo cual dimos un paso significativo hacia adelante para lograr nuevos y esperanzadores resultados ante el USDOL. Sería particularmente importante continuar con esta línea de trabajo, pues lo cierto es que a la fecha seguimos apareciendo en el informe (2020).
Otros sectores industriales también aparecen allí y respecto de ellos resultaría también muy aconsejable el diseño de una estrategia profunda, coherente, sostenible y basada en los estándares de la OIT para gestionar con la mayor diligencia y prontitud su retiro de este informe.
Para concluir: a la par de los productos agrícolas e industriales colombianos totalmente legales mencionados en el informe, aparecen actividades ilegales como la pornografía y la siembra de coca, con lo cual el desprestigio de las actividades legales citadas en él tiene un potencial aún más devastador.
PS: Según la BBC, “en noviembre de 2018, un juez federal en Miami condenó a 10 años de prisión por lavar cientos de millones de dólares a Alejandro Andrade, un exguardaespaldas de Chávez que fue ascendido a tesorero nacional de Venezuela”. De suerte que antes de votar por cierto candidato cercano al populismo chavista, les aconsejo informarse muy bien acerca de quiénes son sus guardaespaldas comoquiera que de ahí podría salir algún ministro del futuro gabinete, en el evento de ganar la Presidencia. Y eso, por supuesto, da miedo.
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