Minería 2022-2024

El sector minero se enfrenta a una desmedida expedición de normas, que tiene implicaciones directas sobre el normal desarrollo de sus negocio y los beneficios que genera.

El pasado 30 de enero, el gobierno nacional expidió el Decreto 044 de 2024 en el que se establecen los criterios para delimitar y declarar las áreas de reserva temporal. Este decreto, le otorga al ministerio de ambiente la potestad de identificar, delimitar y declarar este tipo de áreas, sobre las cuales no habrá lugar a solicitar licencias ni permisos ambientales y, como consecuencia de ello, dentro de las mismas, no se podrá realizar actividad minera bajo ninguna circunstancia,.

Al revisar a detalle, se encuentra que esta declaratoria junto con sus restricciones, puede llevarse a cabo sin certeza científica, es decir, las áreas declaradas quedarán excluidas de la actividad minera por 10 años, sin justificación concreta de que esto resulte ser indispensable para el cuidado del medio ambiente y sin la claridad de que ese polígono de terreno es incompatible con esta actividad.

Lo anterior, junto con la reducción de la oferta minera del país, no resulta ser la más grave consecuencia del decreto, existen dos adicionales: (i) el decreto encuentra sustento legal en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales, donde se prevé que este tipo de reservas se deben llevar a cabo sin perjuicio de los derechos adquiridos. Esto, implicaba que en el decreto 044 también se hubiera previsto que las declaratorias no pueden llegar a afectar títulos mineros ya otorgados, sin embargo, la reglamentación no lo deja claro y, más bien, parece ir en dirección contraria. (ii) No se prevé la participación de la ciudadanía previo a la declaratoria de la reserva que puede tener una vigencia de 10 años.

Asimismo, se ha alegado que en el trámite de este decreto se desconocieron los principios de buena fe y confianza legítima que recaen en el gobierno nacional, pues a pesar de haber anunciado una nueva ronda de participación previo a consolidar el documento definitivo, la expedición del Decreto tomó por sorpresa a la ciudadanía.

Por otra parte, el gobierno nacional ha venido impulsando una nueva ley minera que también genera preocupación en el futuro del sector. Como primera medida, esta norma amplía en más de 10 el número de causales de caducidad del contrato y, lo que es más preocupante, pretende aplicarlas (nuevas) a contratos y títulos vigentes antes de su expedición. Esto cambia las reglas de juego de los que actualmente desarrollan su actividad minera conforme con la ley y cuestiona la estabilidad jurídica que se requiere para el desarrollo del negocio.

Además, esta norma limita todo el mercado minero a la contratación directa con una empresa estatal, lo que además de impedir la libre competencia, ahonda en la preocupación cuando se conoce que ,en las últimas semanas, el gobierno nacional radicó el proyecto de ley para la creación de la empresa industrial y comercial del Estado denominada “Ecominerales”.

Así, la puesta en marcha del marco jurídico expuesto dejará el mercado minero limitado a esta empresa (Ecominerales), sobre la que ya se han cuestionado sus fuentes de financiación, dentro de las que se encuentran los bienes que se reviertan de los contratos mineros terminados o caducados, lo que podría generar incentivos perversos en el desarrollo de las funciones de autoridad minera a cargo de la Agencia Nacional de Minería.

Todo lo anterior, deja claro los riesgos a los que se enfrenta el país con las normas que gestiona el gobierno nacional. Por lo tanto, es imperativo que se reconozca la importancia del sector para la economía y que las políticas públicas se encaminen a su promoción sostenible y no a limitaciones que dejan en entredicho la participación ciudadana, la seguridad jurídica, el respeto por los derechos adquiridos y la libre competencia, privando al país de los beneficios de los múltiples beneficios del sector minero.