Hago un llamado sentido y con dolor de Patria, a todos aquellos que integran la Mesa de Diálogo con el Gobierno, para que cesen los bloqueos, sin que ello signifique que me oponga al diálogo o a la protesta social basada en el respeto y la tolerancia. Cada día que pasa desde que comenzó la absurda decisión de los bloqueos, aumentan las cifras ya no solo de contagios y muertos por la pandemia, sino de miseria, pobreza extrema, desempleo y desespero. De no saber qué es peor, en palabras de la alcaldesa Claudia López, si estar aislado y temeroso por las consecuencias que se pueden sufrir al ser contagiado de covid, o estar sin trabajo, con crisis de ansiedad, encerramiento y el desespero porque no hay trabajo, ni contacto social, y peor aún, porque ya no llegan productos básicos de la canasta familiar, ni gasolina.
El bloqueo no solo está debilitando cada día nuestra frágil economía, sino estrangulando al padre o madre cabeza de familia por la ansiedad que sienten ante la escasez de todo. Las pérdidas que han cuantificado los principales gremios del país, en estas más de tres semanas de paro, le han costado al país $10,2 billones, lo que representa 1,02% del PIB o 42% del presupuesto anual de Bogotá, mientras que los gastos diarios producto de las manifestaciones ascienden, según el Ministro de Hacienda a casi medio billón de pesos. Lo que no cuantifican los que mantienen el bloqueo, es que esta situación terminará afectándonos mucho más, pues esas pérdidas deberán recuperarse con una nueva reforma tributaria, con la disminución de recursos para las regiones y castigos que todos sentiremos en nuestros ingresos.
Llama la atención, en este período de protestas y reivindicaciones, de memoriales de agravios y lluvia de peticiones de los manifestantes, que claman por soluciones que lamentablemente desnaturalizan el sentir más sincero del pueblo, las necesidades verdaderamente apremiantes, aquellas que ni este Gobierno ni el Congreso han sabido atender, las de un sector olvidado desde hace décadas, como son los mineros ancestrales, a quienes, salvo alguna sentencia de la Corte Constitucional que devuelve la esperanza, aún espera que sus reclamos sean escuchados por el Presidente y el Ministro del ramo. No se puede olvidar que estos mineros, que ejercen la legítima actividad del barequeo, reconocida en la ley y en múltiples pronunciamientos de la Corte, gozan de un especial reconocimiento constitucional e internacional; sin embargo, desde hace varios meses, este Gobierno, junto a la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional vienen estigmatizando su actividad, descalificándola como criminal e ilegal, olvidando que los territorios que ellos ocupan, como sus actividades, están revestidas en el marco del derecho interno de una protección reforzada.
Y no obstante sus reclamos, nadie los escucha, y más grave aún, el Gobierno y el Congreso pretenden incrementar esa injusta y desmedida persecución, con proyectos de ley que no solo castigarán con drásticas sanciones de cárcel a esos pequeños mineros que no gozan de títulos porque el Estado no ha formalizado su actividad. Llegó la hora, señor Presidente, de escuchar las peticiones de los indígenas y afrodescendientes que dedican su actividad al barequeo en la costa Pacífica, en los antiguos territorios nacionales, en el Sur de Bolívar, Antioquia, Córdoba, Tolima, Huila y Quindío; merecen ser incluidos y sus reclamaciones en el gran diálogo nacional en búsqueda de la construcción de la Unidad Nacional y la resolución del conflicto social que vive nuestra patria.
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