La verdadera reforma económica está en la minería

Recientemente nos enteramos de la inminente presentación al Congreso por parte del Gobierno de una tercera reforma tributaria, justificada en superar los graves efectos causados a la economía por el covid-19. Sin embargo, muchos son los temores de que las medidas que se introduzcan en esta impliquen la creación de nuevos impuestos de largo plazo, que afectarán el bolsillo de todos.

Preocupa que el Gobierno no piense en medidas menos lesivas para superar la crisis, como apoyar y fortalecer actividades económicas que permitan obtener dineros a largo plazo, en sectores como el de la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, cuyas regalías generan ingresos muy significativos para el país.

Según las cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), respecto a la generación de divisas y recursos, Colombia logró en 2020 la producción de oro más alta de los últimos cuatro años y, según el informe del Gobierno sobre producción de minerales se evidencia que el carbón sigue siendo de gran relevancia al haber aportado más de $1,2 billones, seguido de metales preciosos con $240.000 millones y el níquel con $184.000 millones.

El Gobierno debería no sólo incentivar la atracción de capitales e inversionistas extranjeros para promover nuevos proyectos de exploración y explotación de estos recursos -siempre bajo el sello de una minería responsable-, sino fortalecer mecanismos en la ANM para dotarla de instrumentos que le permitan acelerar el trámite y la expedición de las solicitudes vigentes de legalización, contratos de concesión y títulos mineros.

Debe resaltarse también el valor que tiene la minería de subsistencia, hoy vista por el Gobierno y el Congreso como una actividad ilícita, desconociendo no solo el carácter ancestral (bajo la denominación del barequeo), sino su reconocimiento y protección otorgada por la Corte Constitucional en numerosas providencias de su Sala Plena, así como por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Según las cifras de la ANM, en 2020 de los $283.000 millones en regalías provenientes de la explotación y comercialización del oro, el 45% provino del barequeo, actividad hoy ilegal para el Gobierno Nacional por carecer de un título o contrato de concesión lo que resulta injusto y absurdo, generando la desprotección al indígena y afrodescendiente y a su núcleo familiar, a quienes se ha estigmatizado, no obstante esta actividad se constituye en la mayor fuente de ingresos de las regalías del oro.

Es la oportunidad del Gobierno Nacional y el Congreso de la República enfoquen sus acciones en los recursos naturales renovables y no renovables, fortaleciendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para acelerar el trámite para el otorgamiento de las licencias ambientales, como a la ANM, dotándola de una estructura adecuada para responder a sus necesidades, sin afectar la generación de mayores regalías para el Estado colombiano.

Asimismo, es la posibilidad de que, en su propósito por penalizar la minería verdaderamente ilegal, el Gobierno Nacional apoye aquella proveniente de una fuente legítima, que goza de trazabilidad y que cuenta con el cumplimiento de los requisitos legales para su extracción y comercialización, sin ser injusta y arbitrariamente descalificada como actividad ilegal.