Una legislatura para la esperanza

A escasas horas de iniciar la última legislatura de este histórico e inolvidable cuatrenio, afectado por la inesperada pandemia de Covid-19 y con un Gobierno que luego de casi 3 años no logró cumplir las expectativas de los millones de colombianos que lo acompañaron con sus votos, afloran los anhelos de que se logre lo que en estos tres años no se alcanzó en materia de resultados legislativos y gubernamentales.

No podemos desconocer que al Congreso la pandemia no le quedó grande, y alcanzó en la legislatura que concluyó resultados muy sorprendentes en producción legislativa, en temas sociales y de justicia, aún con las dificultades generadas por la adaptación a la virtualidad y al uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, quedaron temas vitales para el país sin resolver que resulta indispensable sean aprobados en esta última legislatura. El primero: la reforma tributaria, que le costó al Gobierno no sólo la salida de su funcionario más importante y cercano, como fue el Ministro Alberto Carrasquilla, sino la gran movilización ciudadana que agrietó aún más nuestra debilitada economía y reflejaron el rechazo a un Gobierno que no fue capaz de encontrar salidas a la crisis. Será para el Gobierno y el Congreso, el primer gran reto de este período legislativo, pues la reforma resulta fundamental para atender las demandas sociales y superar la gravísima crisis fiscal por la que atraviesa el país.

En segundo lugar está la aprobación de las reformas mineras que cursan en las Comisiones Quintas del Congreso, encaminadas a la bancarización y la formalización, dos temas sustanciales para nuestra economía, donde el país demanda se logre el consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Ha sido prolija la jurisprudencia de la Corte Constitucional insistiendo en sus fallos por medidas encaminadas a los citados fines, sumados a la necesaria concertación que debe existir entre las distintas autoridades del orden nacional y el local, como entre los diferentes sectores involucrados, sin que el Congreso haya sido capaz en los últimos años de aprobar estas reformas. A estas iniciativas se suman, las reformas a la salud y al régimen pensional y laboral, como la aprobación del presupuesto para la vigencia 2022.

Se avecina la campaña electoral, cuyo impacto hemos advertido en las recientes manifestaciones sociales, la radicalización en tres grandes sectores: la derecha, la izquierda y el centro, con candidaturas desde ya muy claras, y otras que se cocinan entre partidos políticos que buscan recuperar el poder o al menos mantenerse en él. En apariencia, volverán al ruedo los mismos candidatos que no alcanzaron un resultado positivo en las anteriores elecciones, y otros que con apoyos gremiales o de los medios de comunicación busquen construir presuntas candidaturas pluri o antipartidistas. No cabe duda que los colombianos debemos soñar con un candidato que piense en el país, en hacer realidad la justicia social, en devolverle a los colombianos la credibilidad en su gobernante, uno que piense en superar la miseria, en generar confianza inversionista, en una equitativa redistribución del ingreso, en reconstruir las instituciones, en devolverle la credibilidad internacional y el protagonismo global que este gobierno perdió, con una política internacional que fracasó. No más promesas de lucha contra la corrupción, debemos pasar de la teoría a la realidad, a alcanzar lo que hace 30 años los Constituyentes de 1991 se propusieron, o quizás aún mejor, lo que hace 200 años en la Villa del Rosario los primeros constituyentes concibieron debía ser la bandera y el sueño para nuestra República de la Gran Colombia: “fijar las reglas fundamentales de su unión y establecer una forma de Gobierno que les afiance” y los proteja mediante “leyes sabias y equitativas la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colombianos”.