Ignacio Londoño Rivera
La American Bar Association reconoce el avance que ha tenido en la profesión de la abogacía, la tecnología legal o Legal Tech. Su estudio sobre tendencias de innovación legal (Innovation Trends Report 2023) destaca que esta tecnología ha facilitado las labores de los abogados al descargarlos de las actividades simples y repetitivas, de menor valor añadido, que consumen un tiempo considerable y que son más susceptibles a los errores humanos. También permiten optimizar la asignación de casos en función de los perfiles de los profesionales, apoyar la revisión de contratos complejos, la elaboración de reportes de debida diligencia e incluso identificar oportunidades de mejora en términos del tiempo dedicado a cada caso.
En el contexto de América Latina, Reuters estima que el 70% de la implantación de soluciones de Legal Tech se concentran en Colombia, México y Argentina (Practice Innovations: What is stalling the Legal Tech market in Latin America?). Adicionalmente, en el estudio Legal Tech Index, la organización Konrad Adenauer señala que Colombia es la segunda jurisdicción de Latinoamérica, únicamente superada por Brasil, mejor preparada para el Legal Tech, tanto en el sector público como en el sector privado. En este contexto, resulta claro que Colombia va por buen camino en la implantación de herramientas inteligentes que permitan un mejor ejercicio del derecho en los ámbitos privado y público.
En el sector privado, las firmas de abogados multiservicios han adoptado herramientas que potencian las habilidades de sus equipos, desde la automatización de escritura legal, plataformas de identificación y recolección de documentos que configuran evidencias digitales hasta softwares de firma de documentación. Por su parte, en el sector público, actores como la Corte Constitucional se han sumado a las tendencias legales con la implantación de PretorIA, un sistema que facilita el primer análisis para la selección y clasificación de los altos volúmenes de tutelas recibidos.
Lo anterior abre la puerta a la discusión sobre la posible regulación del Legal Tech en Colombia. Se plantean dudas relevantes, tales como si el marco normativo existente es suficiente para regular adecuadamente la implantación de estas soluciones o si su regulación debe ser diferente para el sector público y para el sector privado.
En materia de protección de datos, protección a la intimidad y otros aspectos relevantes en torno al Legal Tech, buena parte del marco normativo que actualmente existe es suficiente. Resulta relevante pensar en una regulación que abogue por cubrir los nuevos retos, tales como garantizar la accesibilidad y equidad en el uso de los servicios legales estatales, asegurando que no se cree una brecha aún mayor por el desigual acceso a los medios tecnológicos de la población, así como garantizar un entorno competitivo para todos los prestadores de servicios legales o la protección de estándares éticos de la profesión. Todo lo anterior, sin llegar a sofocar la innovación que ha impulsado en el país el crecimiento de la industria del Legal Tech.
La tecnología legal es un apoyo útil para el ejercicio del derecho en diferentes escenarios y propicia la llegada de nuevas tecnologías. Cualquier regulación debe velar porque Colombia siga con éxito el camino a la modernidad tecnológica en el ejercicio del derecho.
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