Defensa del defensor público

El espíritu de una defensa pública es que atienda los asuntos de personas que no tienen recursos para contratar algún profesional que los represente, así se concibe en el mundo y así está en Colombia.

Desafortunadamente, los mejores penalistas de este país, que son los defensores públicos, tienen varios problemas desde lo económico hasta en lo esencial de su litigio. Veamos: en lo primero, su vinculación y remuneración, como lo hemos dicho en diversos escenarios, no corresponde a su aporte, pues tienen un contrato de prestación de servicios y pocos ingresos.

La propuesta que he hecho de antaño es que los vinculen de planta y ganen igual que ante quien litiguen, es decir, si actúan ante la Corte, el salario sea igual al de un magistrado y así para todas las instancias.

En lo segundo, son tantos los problemas que no bastaría esta columna, así que solo plantearé dos de ellos: el primero, es que los defensores no son suplentes de nadie de tal suerte que no pueden servir para ser comodines en caso de faltar el abogado para una audiencia, la defensoría pública solo está para personas incapaces económicamente hablando, para NADA más, si el abogado falta con justificación, es absurdo que el defensor público llegue a tapar el hueco y si no se presenta sin justificación, para eso están las acciones correctivas y disciplinarias. Además, para el abogado de oficio, que existe actualmente en la Constitución, esa práctica de la “suplencia” debe acabarse de inmediato.

El segundo problema en el litigio se deriva del anterior, algunos funcionarios dejan al defensor público por si acaso el contractual no aparece, violando de tajo todas las normas sobre el tema de apoderados. Me explico, si está un defensor público y llega el titular o se designa uno contractual, el público sale del proceso y ya no está legitimado para quedarse en “la banca”, pues es desplazado por un nuevo poder.

Si el funcionario quiere un defensor público, debe volver a oficiar y surtir todo el trámite, esa es otra costumbre que debe desaparecer. Y si persiste, debe denunciarse ante organismos internacionales por ser violatoria del debido proceso y derecho de defensa.

Los defensores públicos tienen en un día las audiencias que otro abogado puede tener en un mes. Además, conocen casos de todos los delitos, es decir, su conocimiento de doctrina y jurisprudencia es increíble y ese conocimiento también debe ser remunerado adecuadamente.

Es urgente que a los defensores públicos les den el lugar apropiado y que se merecen, respeto vinculación de planta e ingreso digno, además de darles su posición no como reemplazos, sino como lo que son: los mejores penalistas del país, por su experiencia en casos increíbles y su largo kilometraje en la defensa de aquellos que no cuentan con los recursos económicos necesarios para pagar un abogado privado.

Defender a los defensores públicos es mantener una justicia accesible y justa (valga la redundancia) para todos, recordemos que las garantías son de todos.