El eterno problema de la desigualdad de armas en la justicia

El eterno problema de la desigualdad de armas. La judicatura cada vez oprime más a la defensa, lo dijo con respeto, pero sin que me falte el pulso: el derecho de los acusados a una representación justa se encuentra constantemente bajo amenaza y esta situación se ha perpetuado en el tiempo, relegando a los abogados defensores a una posición de inferioridad frente a las facultades, plazos y recursos de la Fiscalía.

En muchos juicios penales, la Fiscalía, con toda la infraestructura estatal a su disposición, puede tomarse dos o tres años para la práctica de pruebas y las apelaciones se demoran otro par de años. Lo irónico y hasta doloroso de esta situación es que cuando los términos judiciales comienzan a apremiar, el sistema voltea la culpa hacia la defensa, como si ella fuera la causante de los retrasos que han sido tolerados por las mismas autoridades que la acusan.

De manera arbitraria, exigen que las pruebas de descargo, que deberían prepararse con tiempo y cuidado, se practiquen en plazos irrisorios. Bajo el argumento de "recuperar el tiempo perdido", se presiona al defensor hasta con compulsas de copias para que, en días, hagan lo que las demás partes del proceso tardaron años en realizar. Este atropello, además de ser incompatible con los principios de justicia, ignora que el derecho a la defensa no es un favor del Estado, sino una garantía constitucional que no puede ser sacrificada en nombre de la celeridad procesal.

Cuando el defensor intenta oponerse a estas exigencias, las represalias no tardan en llegar. Amenazas de compulsar copias por supuestas dilaciones, negativa a aceptar excusas válidas y, en algunos casos, la imposición de sanciones disciplinarias injustas. Esta dinámica opresiva genera un entorno de inseguridad jurídica para los abogados defensores, quienes, en lugar de concentrarse en su labor de proteger los derechos de sus representados, deben invertir tiempo y energía en defenderse de las propias autoridades judiciales.

Lo más alarmante es la desprotección del defensor frente a estas situaciones. En la mayoría de los casos, no existe recurso ni argumento que logre revertir los atropellos. El sistema está diseñado para minimizar los derechos de la defensa bajo la premisa de que cualquier retraso perjudica al proceso.

La desigualdad de armas no es solo un problema técnico; es una violación sistemática del derecho a un juicio justo. Un proceso penal donde una de las partes tiene ventajas desproporcionadas sobre la otra no solo vulnera al acusado, sino que compromete la legitimidad del sistema en su conjunto.

Este llamado no es una crítica a ciegas, sino un reclamo respetuoso, aunque firme, a las instituciones judiciales. La justicia no puede ser entendida como una carrera donde la meta sea condenar personas a toda costa. La verdadera celeridad procesal no se alcanza atropellando derechos, sino garantizando que todas las partes tengan las mismas oportunidades para presentar su caso.

El derecho a la defensa no es un lujo ni una concesión; es el pilar que sostiene el equilibrio en el proceso penal. Si el sistema judicial sigue ignorando la importancia de la equidad procesal, estaremos perpetuando un modelo que no busca justicia, sino resultados rápidos y desiguales. La lucha por la igualdad de armas no es solo una demanda de los abogados defensores; es una exigencia de cualquier sociedad que valore la justicia y el estado de derecho.