Lo que resulta más valioso de esta política de seguridad digital es que se robustece el enfoque que tenía el Documento Conpes 3701, buscando ir mucho más allá de la ya de por sí importante tarea de preparar al país para defenderse de posibles ataques cibernéticos y para hacer frente al cibercrimen.
La nueva visión de la política busca darle más fuerza y un más profundo entendimiento al valor estratégico que tiene la salvaguarda y gestión de la Internet como el activo más valioso que tiene el país para potenciar el desarrollo.
En ese sentido, considero que el factor esencial y la clave de la nueva política de seguridad digital es que pasa de ser una política reactiva de mitigación de riesgos, a una política proactiva para crear condiciones y oportunidades óptimas para que más empresarios usen confiadamente la plataforma de Internet, sin temores de ser sujeto de ataques indeseados. Por esa razón, el papel del Estado, más que crear nuevas entidades burocráticas o gastarse grandes cantidades de dinero en seguridad digital a la manera tradicional, es concebir incentivos inteligentes para que toda la sociedad que utiliza o puede llegar a utilizar la Internet eleve su cultura y sus medidas de seguridad y así fomente la construcción de un entorno más confiable para los demás usuarios de la red.
Como lo enseña la Ocde en el documento Conpes, el mejoramiento de la seguridad digital es una tarea que debe ser coordinada por el Gobierno pero que debe ser ejecutada por todas las partes relacionadas con el tema y que debe apuntar, entre otras cosas, al fortalecimiento de la industria privada de ciberseguridad.
Por las razones anteriores, si queremos que la política de seguridad digital sea exitosa, debe ser liderada no solamente por el Ministerio de Defensa y los demás estamentos de protección de la soberanía nacional, sino por el Ministerio de las Tecnologías y por el DNP (designado por el Documento Conpes como coordinador de las instituciones nacionales), quienes tienen la responsabilidad de cuidar la Internet como la joya más preciada para activar el desarrollo social y económico y asegurar que se convierta en una plataforma súper segura, óptima para emprender nuevos negocios y para difundir conocimiento.
Claro está que la aspiración de que la red digital sea un entorno súper seguro no será realidad sino se logra que la administración de justicia sea eficaz en procesar y condenar a los delincuentes digitales, asunto esencial para que nuevos emprendedores digitales perciban la confianza suficiente para basar sus iniciativas empresariales en la red pública de la Internet.
Así mismo, será necesario lograr mayor efectividad en la tarea de descolgar las páginas web vinculadas con actividades de pornografía infantil: según información de www.redpapaz.com el país aún se demora en ello en promedio 41 días, cuando debería lograrse en menos de 48 horas.
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