¿El fin de las relaciones colaborativas?

Las recientes elecciones presidenciales no solo han dado visibilidad a la esperanza de cambio de una buena parte de la población, sino que ha suscitado un sinnúmero de interrogantes para algunos empresarios que ven con reserva las posibles decisiones del nuevo mandatario.

A modo de ejemplo, se lee en el programa del gobierno de Gustavo Petro, Colombia Potencia Mundial de la Vida, que se regularán “los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación laboral y no colaborativa, formalizando dichos trabajos, de manera que los trabajadores accedan a la seguridad social y a condiciones mínimas de bienestar.”

Dicho planteamiento no ha de pasar desapercibido en un país donde, según cifras de Fedesarrollo, se estima que hay más de 200.000 personas vinculadas a través de plataformas colaborativas. Nótese entonces, la incertidumbre que se puede generar para este sector que ahora debe evaluar la viabilidad económica de continuar operando bajo este modelo; sin contar además el posible efecto que tendría en el mercado laboral.

No es un hecho menor y mucho menos desconocido que la formalización laboral, tal y como es la aspiración de la legislación, implica el reconocimiento de una serie de derechos que, en términos prácticos se traducen en asumir “costos” que pueden ascender a un 25% en seguridad social y a un 21% en prestaciones sociales.

Así las cosas, sin ánimo de entrar en el recurrente debate de si las personas vinculadas a través de las plataformas colaborativas son o no trabajadores, es claro que estas requieren de un análisis y regulación por fuera de los estándares tradicionales que permitan armonizar los derechos de estas personas y los precios que los usuarios de estas plataformas están dispuestos a pagar por los servicios contratados, los cuales no cabe duda que, de proceder de acuerdo a lo establecido en el programa de gobierno, se incrementarán.

No obstante lo dicho, no cabe duda de que las decisiones del gobierno deberán reconocer las posibles implicaciones socioeconómicas que podría conllevar esta forzosa transición.

Ante el posible cese de actividades o cuando menos de la reestructuración del negocio de las plataformas colaborativas, se vislumbra un preocupante incremento de la tasa de desempleo que para el mes de abril de 2022 se ubicó en 11,2% y es uno de los retos más relevantes para una administración como la actual.

A partir de esto, surge una posible y preocupante respuesta para esta problemática por parte del Estado al fungir “… como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado …”.

Esta solución, teóricamente hablando puede resultar buena socialmente, pero no por ello deja de resultar alarmante desde el punto de vista de la competitividad y la economía del país respecto a un sector que para el año 2020 representó cerca del 0,2% del PIB.